La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos ha visto en su reunión de hoy, jueves 15, el proyecto de Real Decreto-Ley que se aprobará mañana en el Consejo de Ministros para restablecer el gravamen sobre el Impuesto de Patrimonio. La adopción de esta medida tiene como principal objetivo reforzar la estabilidad presupuestaria de acuerdo con el principio de equidad, gravando la capacidad contributiva adicional que representa la posesión de un patrimonio a partir de determinada cuantía.
El gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio se restablece con carácter temporal y sólo para los patrimonios más altos, con el fin de reforzar el equilibrio de las finanzas públicas distribuyendo la contribución a este objetivo de forma más solidaria y equitativa.
La Ley 19/1991, de 6 de junio, estableció con carácter estable un Impuesto sobre el Patrimonio, que fue exigible hasta la entrada en vigor de la Ley 4/2008, de 23 de diciembre, por la que, sin derogarlo, se anuló la cuota del Impuesto sobre el Patrimonio, entre otras razones por gravar patrimonios medios. En este momento, la crisis económica hace necesario el restablecimiento de este impuesto aplicando el principio de equidad, de manera que permita gravar los patrimonios más elevados para que quienes más tienen contribuyan en mayor medida a la salida de la crisis, favoreciendo el cumplimiento de los objetivos de estabilidad asumidos por España.
El impuesto se restablece con carácter temporal exclusivamente para los años 2011 y 2012, debiéndose presentar las declaraciones y realizar los ingresos correspondientes a dichos ejercicios, respectivamente, en 2012 y 2013.
Modificaciones en el Impuesto
La recuperación del Impuesto de Patrimonio introduce al mismo tiempo una importante modificación para evitar que se graven los patrimonios medios. Así, se eleva el mínimo exento hasta los 700.000 euros por contribuyente, prácticamente multiplicando por siete el mínimo anterior, lo que excluye del gravamen a las clases medias, que eran en gran medida quienes lo soportaban hasta cuando se eliminó en 2008.
Además, se eleva el mínimo exento para vivienda habitual hasta 300.000 euros, lo que supone doblar el existente hasta 2008.
Sobre la base de los datos correspondientes a las declaraciones del ejercicio 2007 (último en el que se exigió el gravamen), se ha estimado que el número de contribuyentes por este impuesto se situaría ahora en torno a 160.000, y que la recaudación anual podría ascender a unos 1.080 millones de euros si el impuesto se aplica con los mismos parámetros en el conjunto de España.
