Declaraciones del portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, sobre datos de Justicia aportados por el presidente del gobierno

El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, aseguró en el debate celebrado anoche que su gobierno ha realizado un gran esfuerzo en la creación de plazas judiciales y que gracias a estos efectivos se ha actuado con firmeza contra la corrupción. Lo cierto es que Rajoy no dijo la verdad. Desde Jueces para la Democracia no apoyamos a ninguna fuerza política ante las elecciones, pero consideramos que no resulta admisible que se falseen los datos objetivos sobre la grave situación en la que se encuentra la administración de justicia. La sociedad tiene derecho a conocer la realidad de la Justicia, sin que se la engañe sobre sus importantes insuficiencias.

Los datos oficiales nos indican que en estos cuatro años no se ha creado ningún juzgado de instrucción, ni tampoco un solo órgano judicial nuevo destinado a combatir la corrupción, a pesar del notable incremento del número de causas. Actualmente hay cerca de 2.000 procedimientos en los que se investigan delitos vinculados a la corrupción, en juzgados instructores sobrecargados, que no cuentan con medios suficientes. Al contrario, seguimos estando a la cola europea en el número de jueces por habitante, a pesar de estar a la cabeza europea en el número de imputados por corrupción. También estamos en Europa en la parte trasera en el gasto en Justicia por habitante.

En estos cuatro años se han convocado únicamente 150 plazas en las oposiciones, que no llegan a cubrir las bajas, fallecimientos o excedencias. Incluso en 2012 se llegó a la situación única en nuestro país de que no se convocaron oposiciones a judicatura. Se han convocado en esta etapa el 20% de la cifras de plazas judiciales que se convocaron en periodos anteriores. Por ello, ahora hay menos magistrados resolviendo asuntos en nuestro país que hace cuatro años, pues también se despidió a más de 1.200 jueces sustitutos, que realizaban una importante labor en un sistema judicial saturado.

Recordamos también que las asociaciones de jueces y fiscales hemos reprochado en un manifiesto unitario la falta de sensibilidad de este Gobierno ante la corrupción, ante las carencias en la aportación de instrumentos para combatirla, y también hemos rechazado la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que fija unos plazos limitativos que pueden provocar la impunidad de este tipo de delitos. En cualquier caso, todos los puntos de vista en el ámbito público pueden ser opinables. Lo que resulta inadmisible es que no se diga la verdad sobre los datos objetivos de nuestro sistema judicial y que se distorsione la deteriorada situación estructural de nuestros juzgados.