Por ello, la ONG considera "urgente" avanzar en el desarrollo eficaz de normativa europea y estatal para beneficiar a los buitres y a los ganaderos.

   En este sentido, destaca que fomentar comederos y muladares, que impidan el acceso a especies carroñeras terrestres donde sea necesario, contribuiría a solucionar la difícil situación de las aves y de los propios ganaderos, reduciría los gastos de las administraciones autonómicas, que también sufragan una parte importante del coste de la gestión de las reses muertas, y disminuiría el riesgo de acceso a la carroña por parte de posibles especies transmisoras de tuberculosis bovina.

   La ONG solicita así a las comunidades autónomas que se ciñan a lo que dicta el Real Decreto aprobado en 2011 para que deje de reducirse su alimento. En concreto, denuncia que Madrid, Asturias, Galicia, País Vasco, Murcia y Baleares todavía no cuentan con una normativa propia para regularizar el depósito de cadáveres de ganado doméstico, tal y como obliga la legislación nacional.

   En algunas de las comunidades autónomas que sí lo hacen, según la ONG, la norma es completamente inoperativa, al obligar a los ganaderos de explotaciones extensivas a cumplir una serie de condicionantes extremadamente complicados y seguir contratando un seguro para la recogida, transporte e incineración de las reses muertas.

   Por su parte, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía decretan la incineración o enterramiento de restos de caza mayor, olvidando la necesidad de este recurso para las aves carroñeras y la seguridad científica de que no son transmisoras de enfermedades.

   La prohibición de abandonar buena parte de los restos animales en el campo, así como los comederos y muladares, que se implantó en Europa hace más de diez años, a raíz de la crisis de las vacas locas. Esto provocó que las rapaces carroñeras se quedaran sin su principal fuente de alimento.

   Años después, en 2011, el Gobierno aprobó un Real Decreto para regular la alimentación de estas aves de interés comunitario, mediante el cual, cada comunidad autónoma, al tener las competencias en materia de gestión de fauna silvestre, debía aprobar su propia legislación autonómica para delimitar las zonas de protección para la alimentación de las necrófagas y regular la alimentación de las mismas en las zonas de depósito o en muladares.

   La normativa se basaba en la certeza científica de que las aves necrófagas "no son transmisoras de ninguna enfermedad", incluso cuando se alimentan con materiales de riesgo; la segunda es la necesidad de garantizar la conservación de estas especies protegidas, en cumplimiento de las Directivas europeas de Aves y Hábitats.

   La situación lleva a los buitres ibéricos cada vez más a consumir alimentos de peor calidad, ya que rebuscan en vertederos o comen con frecuencia restos de animales de explotaciones intensivas, donde las reses son tratadas con grandes cantidades de fármacos para uso veterinario, como el diclofenaco, que es un antiinflamatorio recientemente autorizado en España, a pesar de que las mortandades masivas de buitres causadas por este producto en India y otras zonas de Asia.

   SEO/BirdLife recuerda que según la Lista Roja de las Aves de la UICN de 2015, algunas de estas especies necrófagas han sido clasificadas como en peligro de extinción o vulnerables, a causa de su alarmante estado de conservación.

   En España se reproduce el 98 por ciento de la población europea de buitre negro; el 94 por ciento del buitre leonado; el 82 por ciento del alimoche y el 66 por ciento de la población europea de quebrantahuesos.

   El uso de veneno en el campo provoca la muerte de miles de ejemplares (según datos del Ministerio, entre el año 2000 a 2010 habrían muerto envenenados 40 quebrantahuesos, 638 buitres negros, 348 alimoches y 2.146 buitres leonados).

Foto: FRANCISCO MÁRQUEZ SÁNCHEZ/ CSIC