Cofpa reconoce 'gol' a los sindicatos con la devolución de la extra en el Principado

 Cofpa reconoce gol a los sindicatos con la devolución de la extra en el Principado

Asturias.-La asocación Conceyu por Otra Función Pública n*Asturies (Cofpa) considera que el Gobierno del Principado de Asturias ha metido un gol a los sindicatos CCOO, FSES, UGT, SAIF y CSIF al hacerles firmar un documento que permite a la administración retrasar la devolución íntegra de la paga extra de 2012 hasta el año 2017.

   Según ha informado Cofpa a través de una nota de prensa, los mencionados sindicatos han firmado con la Administración regional un documento denominado 'De establecimiento del calendario de devolución de las cantidades pendientes correspondientes a la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012'.

   A juicio de la asociación, la firma resulta innecesaria y lo único que logra es "total impunidad" al departamento asturiano de Función Pública para retrasar la devolución. Consideran que los sindicatos "se quitan la careta" porque "critican hacia afuera los recortes apoyando una supuesta oposición de izquierdas frente a una derecha que presentan como culpable de debilitar y demoler los servicios públicos y, simultáneamente, no tienen inconveniente alguno en  poner su firma en acuerdos que posponen, hasta el 2017, los efectos económicos de la devolución de la paga extraordinaria de diciembre de 2012  robada a los funcionarios a quienes teóricamente representan".

PARADOJA

   Las cantidades que rigen en ese calendario se recogen en el proyecto de presupuestos para 2016, que tendrá que aprobar la Junta General del Principado de Asturias (JGPA).

   Para Cofpa, de hacerlo, se produciría una paradoja, ya que ese mismo parlamento asturiano ha aprobado recientemente una modificación del estatuto de su personal que supone la devolución de la paga extra suprimida en dos tramos: uno en diciembre de este año y el otro en enero del año 2016.

   De esta forma, se daría la circunstancia, aseguran, de que los trabajadores públicos, que recibirían tres tramos hasta 2017, se vieran "discriminados" respecto a los funcionarios de la Junta General.

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