-   El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana apuesta por que las comunidades participen activamente en este proceso para mejorar las condiciones de acogida a los refugiados

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha defendido en el Comité de las Regiones, que se celebra desde ayer en Bruselas, una política migratoria europea sostenible a largo plazo, basada en la solidaridad y que respete los derechos humanos.

Martínez ha subrayado la importancia de que los entes locales y regionales dispongan de los recursos necesarios para acoger a solicitantes de asilo, inmigrantes y refugiados, de tal modo que puedan integrarse en la sociedad con todas las garantías, a través de la atención sanitaria, educativa y social y la solidaridad ciudadana. En este sentido, ha abogado no sólo por dar respuesta a las necesidades más inmediatas en la fase inicial de acogida, sino también a las que precisarán para normalizar su proceso de adaptación sociolaboral.

El Gobierno de Asturias ha presentado esta propuesta en la capital belga, durante el debate del dictamen sobre migración, con el que se ha mostrado de acuerdo en su mayor parte, ya que recoge la necesidad de estrechar la colaboración entre los estados miembros y los entes locales y regionales de la Unión Europea para buscar soluciones a la crisis de la población refugiada.

El titular de Presidencia ha defendido un paquete de doce enmiendas junto con otras siete comunidades (Navarra, Baleares, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Murcia y Galicia), que reclaman el uso del término refugiado en lugar de migrante, porque se trata, en palabras de Martínez, “de personas claramente necesitadas de protección internacional, que requieren un trato humanitario y cuya llegada a Europa no está vinculada a motivos económicos”.

En opinión del consejero, resulta fundamental abordar las causas profundas de los flujos de inmigrantes irregulares a la UE, para lo que sería necesario incrementar la cooperación con los terceros países de Oriente Próximo y África, “en los que la democracia y el Estado de Derecho deben reforzarse”, siempre desde una política común y coordinada entre las distintas naciones para actuar en el origen de los problemas.

También considera oportuno que se concierten “asociaciones para la inmigración y la integración” entre las ciudades y regiones de los países de origen y destino, con el propósito de reforzar la cooperación y la confianza mutua, así como la creación de un corredor humanitario para hacer frente a las redes de delincuencia organizada que operan en este contexto.

El dictamen insta a todos los estados a que cooperen con las regiones (comunidades autónomas en el caso de España) “tanto en la aplicación y puesta en marcha del mecanismo de reubicación de emergencia propuesto por la Comisión Europea, si se estableciera en breve, como en el eventual futuro régimen de reubicación obligatorio”. Según ha destacado el consejero, “los entes locales y regionales deberían participar activamente en este proceso y su experiencia aprovecharse para mejorar las normas relativas a las condiciones de acogida”.

Enmiendas sobre economía social y territorio

En cuanto a otras enmiendas sobre economía social, el Principado ha votado a favor de que se subraye el papel de las cooperativas y sociedades laborales, que generan 11 millones de empleos y constituyen “un factor clave” en el desarrollo social y económico de la UE, ha subrayado Martínez.

También se ha mostrado partidario de dar un mayor respaldo al emprendimiento desde la economía social mediante el acceso a la financiación, la innovación, las inversiones sociales y programas específicos de formación reglada y profesional para el empleo.