El Plan de Salud Mental de Asturias se centra en los trastornos más severos

El Plan de Salud Mental de Asturias se centra en los trastornos más severos

-   Sanidad prevé crear 254 nuevas plazas para alojar a pacientes psiquiátricos en los próximos cuatro años

-   El Principado abonará este mes a los empleados públicos el 26,23% de la paga extraordinaria suprimida por el Ejecutivo central en diciembre de 2012

-   La partida destinada al salario social supera ya los 93 millones y favorece la protección de 39.826 personas

-   Autorizados 36 millones para abonar las ayudas de la Política Agrícola Común  

-   El Consejo de Transparencia de ámbito estatal asumirá la gestión de las reclamaciones ciudadanas relacionadas con el acceso a la información pública

 

El Consejo de Gobierno ha ratificado hoy el Plan de Salud Mental 2015-2020, que se vuelca con los trastornos más severos y da prioridad a la prevención y detección de problemas graves en la infancia y la adolescencia. El documento, que será enviado próximamente a la Junta General del Principado, ya había recibido el visto bueno del Gobierno de Asturias el pasado mes de abril, pero debido a la disolución de la cámara con motivo de las elecciones autonómicas, se acordó que el nuevo Ejecutivo que saliese de las urnas lo remitiese al parlamento. Con la aprobación de hoy se da cumplimiento a este compromiso político, incluido en los acuerdos de investidura suscritos con Izquierda Unida.

El documento establece como objetivos principales la promoción de los tratamientos psicoterapéuticos, relegados en los últimos años frente al recurso a la medicación; la atención a los adultos con trastornos severos y la lucha contra la discriminación social, claves en las políticas del Ejecutivo autonómico.

El plan, que incluye un centenar de acciones concretas, plantea un importante aumento de los recursos humanos, sobre todo en las categorías de psicología clínica, psiquiatría y enfermería especializada, con el fin de incrementar las prestaciones psicoterapéuticas dirigidas a pacientes con trastornos comunes, graves y familiares, así como a actividades de apoyo a la atención primaria.

También prevé crear 254 nuevas plazas en los próximos cuatro años, de las que 90 serán de alojamiento asistido, 73 psicogeriátricas en residencias del ERA y 91 en pisos tutelados.

Algunas de las actuaciones previstas en el apartado de infraestructuras contemplan la mejora de los servicios del área sanitaria II (Cangas del Narcea), con una nueva ubicación del  centro de salud mental, que se completará con espacios para desarrollo de actividades propias de un hospital de día. También se prevé aumentar la disponibilidad de recursos para el tratamiento integral, incluidos los ingresos de 24 horas y de día, destinados a las personas que presentan trastornos mentales graves en las áreas VII (Mieres) y VIII (Langreo).

La prioridad que se marca el Principado en esta legislatura es la atención a los procesos de mayor gravedad, para lo cual reforzará las capacidades y protocolos para la detección precoz, por un lado, y la prevención de la institucionalización, por otro, con el fin de garantizar la mejor atención posible ante una enfermedad que afectará al 25% de la población en algún momento de su vida.

Calendario para la devolución de la paga extra de diciembre de 2012

El Consejo de Gobierno ha ratificado hoy el acuerdo de la Mesa General de Negociación del Principado que establece el calendario de devolución a los empleados públicos de las cantidades pendientes de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 suprimida por el Gobierno central.

El Principado ya abonó en enero de este año un primer tramo de la paga suprimida, el 24,04%, correspondiente a 44 días. El segundo tramo, un 26,23% (48 días), se devolverá con la nómina de este mes y supondrá un gasto de 19,4 millones.

El acuerdo prevé también que el tercer tramo se pague en enero de 2016, concretamente la cantidad correspondiente al 25,14% del total (46 días). Finalmente, el cuarto abono, que supone el 24,59% (45 días) se formalizará en enero de 2017. No obstante, si hubiera disponibilidad presupuestaria, el Gobierno de Asturias podría adelantar el pago al próximo ejercicio.

 

Ampliación de la partida destinada al salario social

El gasto destinado al pago del salario social superará los 100 millones a finales de año. El crédito inicial estimado para el pago de esta prestación ascendía 83,3 millones. No obstante, el Consejo de Gobierno ya aprobó una ampliación de 5 millones el pasado 29 de octubre, con lo que la partida se situó en 88,3 millones. Hoy se ha autorizado una nueva ampliación de 4.885.500 euros para el abono de la prestación correspondiente al mes de noviembre, de modo que la cantidad destinada a este fin se sitúa actualmente en 93.185.500 euros

Esta dotación presupuestaria permitirá acabar el año con unos 18.500 perceptores del salario social. Así, durante los últimos doce meses han comenzado a cobrar esta prestación 4.500 personas.

Los últimos datos publicados en el Portal de Transparencia reflejan que, a fecha 31 de octubre, había 18.021 perceptores registrados. Esta prestación es la principal herramienta de lucha contra la exclusión social en el marco de las políticas que desarrolla el Principado y favorece la protección de 39.826 personas, el 3,79% de la población asturiana.

El último Informe de Rentas Mínimas de Inserción publicado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad sitúa a Asturias como la tercera comunidad con más personas atendidas en relación con la población, con una tasa de cobertura del 3,26%, frente al 1,30% de media nacional. 

Además, se ha cumplido el objetivo de tramitar las solicitudes iniciales del salario social básico en un plazo de tres meses y, de este modo, atender a las personas con escasos recursos económicos o en riesgo de exclusión social con la mayor agilidad posible. El Gobierno de Asturias se propone ahora mantener esos plazos en la gestión de la prestación y eliminar el retraso en la revisión de expedientes.

El plazo de tramitación a finales de 2014 era de nueve meses, mientras que actualmente se sitúa en menos de tres.

Ayudas a los agricultores y ganaderos asturianos

El Consejo de Gobierno también ha autorizado un  gasto de  36 millones para completar, durante este mes de diciembre, el abono de las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC). Un total de 10.940 ganaderos y agricultores solicitaron estos fondos en la campaña de 2015. Son las principales ayudas financiadas directa e íntegramente por el Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA).

Por una parte, los fondos van destinados al pago de las ayudas desacopladas (no vinculadas a la producción): pago básico, pago verde y ayuda para jóvenes; y por otra, a las ayudas acopladas o asociadas (vinculadas a la producción),  en su gran mayoría para explotaciones que mantengan vacas nodrizas, de vacuno de cebo, vacuno de leche, ovino y caprino.

Durante el pasado mes de noviembre, la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales abonó a los ganaderos un anticipo de hasta el 50% de las ayudas del pago básico, por un importe de 8,9 millones. También adelantó  el  70% del pago correspondiente a las ayudas al vacuno de leche, 5,7 millones.

Uno de los objetivos de estas ayudas de la Unión Europea es proporcionar un nivel de vida razonable a los agricultores comunitarios, permitiendo, al mismo tiempo, la modernización de sus explotaciones.

Convenio con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

El Gobierno de Asturias suscribirá un convenio de colaboración con el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de la Administración General del Estado para la gestión de las reclamaciones relacionadas con el acceso a la información pública.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, en su artículo 24, obliga a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos a contar con un órgano de resolución de estas reclamaciones con carácter previo a su impugnación en la vía contencioso-administrativa.

La ley da de plazo hasta el 10 de diciembre para que las comunidades autónomas creen un órgano similar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de ámbito estatal o, en su defecto, para que designen la institución o entidad que asumirá esas funciones.

La ausencia de normativa propia en materia de transparencia aconseja que el Principado delegue la competencia en el consejo estatal. No obstante, únicamente se transfiere la gestión, resolución y notificación de las reclamaciones. De este modo, una vez aprobada la ley autonómica de transparencia, esta competencia se podría atribuir a un órgano propio.

El convenio tendrá una duración de un año y supondrá un gasto de 2.580 euros. El coste lo fija el propio Consejo de la Transparencia y se estima que en el plazo de vigencia del documento se gestionarán unas 20 reclamaciones.

Oficina de registro virtual ORVE

El Principado ofrece desde ayer los ciudadanos la posibilidad de utilizar la aplicación Oficina de Registro Virtual (ORVE) para digitalizar los papeles que se presentan en las oficinas de registro, dirigidos a otras administraciones, y enviarlos electrónicamente al destino, en el mismo momento, sea cual sea su ubicación geográfica, siempre que la Administración receptora disponga también de la citada aplicación.

La puesta en marcha de la aplicación ORVE figura en el catálogo de medidas de participación y regeneración democrática aprobado el pasado 12 de noviembre por el Consejo de Gobierno y redunda directamente en la mejora del servicio que se presta a la ciudadanía, puesto que reduce los tiempos medios de llegada de los documentos al registro de destino.

Asturias es la quinta comunidad autónoma que pone en marcha este servicio (después de Madrid, Castilla y León, Canarias y La Rioja), una herramienta que ofrecen también los ayuntamientos de Allande, Avilés, Boal, Candamo, Coaña, Corvera, El Franco, Gijón, Grado, Lena, Llanera, Morcín, Oviedo, Peñamellera Alta, Proaza, Ribadesella y Tineo.

199.990 euros para las zonas especiales de salud 

Los ayuntamientos de Amieva, Cabrales, Caso, Grandas de Salime, Onís, Peñamellera Alta, Ponga, Quirós, Ribera de Arriba, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, Somiedo, Taramundi y Teverga recibirán 14.284 euros cada uno para contratar auxiliares administrativos que presten apoyo a los servicios sanitarios de atención primaria. El  Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la firma de adendas a los convenios de colaboración suscritos en 2009 entre el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) y estos catorce concejos de las zonas especiales de salud. Las subvenciones autorizadas por el Ejecutivo autonómico suman un importe total de 199.990 euros.

Las zonas especiales de salud requieren, por sus singulares condiciones socioeconómicas, demográficas y de comunicaciones, de la colaboración de los ayuntamientos para la correcta gestión y organización sanitaria.

Los acuerdos suscritos con los ayuntamientos permiten atender globalmente las demandas de servicio de los ciudadanos e informarles sobre los recursos y prestaciones disponibles.

En algunos casos, estas funciones de apoyo a servicios sanitarios de atención primaria se prestan a  través del personal propio del Sespa. En otros casos, el Servicio de Salud subvenciona la contratación, por parte de los ayuntamientos, de auxiliares administrativos que ofrecen apoyo técnico.

 

 

Nombramiento de notarios para Cangas de Onís y Cabañaquinta

El Consejo de Gobierno ha nombrado hoy a Juan Sobrino González notario de Cangas de Onís y a Gemma Rodríguez notaria de Cabañaquinta.

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