La vista oral está señalada para este martes, 1 de diciembre, en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, a las 10.00 horas. Inicialmente está previsto que el juicio oral se prolongue tres días.

   El Ministerio Fiscal sostiene que los acusados, en su condición de administradores solidarios de una sociedad mercantil, obtuvieron por parte de la empresa ArcelorMittal España, la adjudicación de un contrato de prestación de servicio de transporte de cal gruesa, cal fina, dolomía y caliza para las factorías de Avilés y Gijón desde la fábrica de Tudela Veguín en el año 2005. El contrato fue renovándose anualmente, siendo la última renovación el 1 de abril de 2012.

   Durante el periodo comprendido entre el 21 de junio de 2009 y el 20 de mayo de 2012, los acusados, actuando de común acuerdo, procedieron a modificar los datos que aparecían en algunas de las hojas excel que el maestro de transportes internos y responsable del control, comprobación y emisión de las actas de Arcelor les enviaba cada diez días por correo electrónico, sin protección ni bloqueo de datos, donde aparecían las pesadas y recuentos de viajes realizados en base a los listados informáticos de las básculas propios de Arcelor y que coincidían en sus pesos con los tickets de los de S. A. Tudela Veguín para que prestaran su conformidad.

   Una vez que lo modificaban, poniendo más toneladas y obteniendo así más beneficios, lo reenviaban al citado maestro de transportes internos y responsable de control, quien "en base a la confianza y buena voluntad que los acusados habían demostrado a lo largo de todos los años que llevaban trabajando con ellos procedía a dar el 'ok' sin comprobar que efectivamente coincidía con lo realmente enviado". De esta manera, los acusados consiguieron obtener un beneficio extra de 1.028.608,27 euros.

   Uno de los acusados renunció a su cargo de administrador solidario de la entidad el 6 de octubre de 2011, si bien continuó trabajando en la misma.

   La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa y solicita que se imponga a cada uno de ellos una pena de 4 años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 10 meses con una cuota diaria de 12 euros (3.600 euros) y costas procesales.

   Además, el Ministerio Fiscal pide que los tres acusados indemnicen a Arcelor Mittal, de forma conjunta y solidaria, con 1.028.608,27 euros, más los intereses legales. De esta cantidad responderá de forma subsidiaria la empresa de los acusados.