"Estos recortes se producen en el contexto de una situación económica que precariza aún más la situación de las mujeres y les genera una indefensión que favorece el maltrato. Por ello, reclamamos a los poderes públicos un mayor compromiso que haga posible una prevención y persecución más adecuada de estos delitos", dicen a través de una nota de prensa.

   Para el colectivo, "resulta necesario que desde el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, el Consejo General del Poder Judicial facilite los informes que contengan un análisis de estos datos, en concreto del funcionamiento del sistema judicial (medidas cautelares, medios personales, elementos técnicos, aplicación normativa y jurisprudencial etc.) y lo haga en un periodo de tiempo razonable".

   "Consideramos que los bienes jurídicos lesionados en estos delitos, tales como la libertad, dignidad de las personas, derecho a la no discriminación, integridad física y psíquica e incluso el derecho a la vida, bien merecen este trabajo que propicie la tutela judicial efectiva de las mujeres que sufren estos delitos", sostienen.

   Por ello, desde la comisión de violencia de género de Jueces para la Democracia una vez más se reitera que la aplicación y efectividad de la Ley 1/2004 sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género está relacionada "con la disponibilidad presupuestaria imprescindible para que las mujeres que sufren estos delitos puedan ejercitar sus derechos sin pérdida de la seguridad y de la cobertura de las necesidades básicas para ellas y, en su caso, para sus hijos e hijas".

   Asimismo, argumentan que "la dotación adecuada de recursos y medios humanos en los servicios de prevención, atención, investigación, enjuiciamiento y ejecución de resoluciones, está directamente relacionada con la eficacia de la ley y por tanto con una necesaria disminución de los delitos de esta naturaleza".

   Con todo, afirman que "serán también los medios económicos destinados a este fin los que determinaran, de forma relevante, si el compromiso de los poderes públicos e instituciones está dotado de la veracidad, responsabilidad y seriedad que les son exigibles en su actuación frente a estos delitos".