Asturias (E.P.).-El Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 que ha aprobado recientemente la Comisión Europea supondrá la movilización en Asturias de 109 millones y 32.260 personas serán beneficiadas por el mismo  a lo largo de los próximos años, según las estimaciones de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo.

   El consejero de Empleo, Industria y Turismo del Gobierno asturiano, Francisco Blanco, y la directora del Servicio Público de Empleo (Sepepa), Luisa Pérez, han ofrecido las cifras en una rueda de prensa celebrada en Oviedo.

   Blanco ha explicado que el 80% de esos 109 millones (89 millones) los pone la Unión Europea, mientras que el Gobierno del Principado se hace cargo del 20% restante (21,7 millones).

   Las acciones a ejecutar con ese dinero irán dirigidas a reducir el desempleo, especialmente entre parados de larga duración y los colectivos más desfavorecidos.  Estos aspectos se han reforzado con la inclusión de criterios de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Además, se ha incorporado el principio de inclusión social al priorizar la inversión, precisamente, entre los colectivos en riesgo de exclusión (jóvenes desempleados, parados de larga duración, personas con discapacidad, mujeres con especiales dificultades de inserción, minorías étnicas, e inmigrantes).

PLANES LOCALES DE EMPLEO

   Entre las acciones que se van a poner en marcha se encuentra la puesta en marcha de itinerarios de activación local. Se trata de una iniciativa novedosa que se dirigirá a colectivos vulnerables y que pretende aumentar la capacidad de las personas para acceder o mantenerse en el mercado laboral.

   Estos itinerarios prevén la contratación de demandantes de empleo por parte de los ayuntamientos y, de forma paralela, orientación a cargo del Servicio Público de Empleo, que incluirá un diagnóstico personalizado, el diseño de un itinerario y un acuerdo personal de empleo.

   Este modelo viene a ser el sustituto de los anteriores planes locales de empleo, que han causado problemas en distintos ayuntamientos al recurrir los empleados a los tribunales al entender que se les había contratado en fraude de ley.

   Con el nuevo modelo, Blanco ha dicho que la cuestión queda absolutamente clara, al quedar fijado que no se trata de un contrato de trabajo, sino un programa de empleo.

   Respecto a los problemas mencionados y a las indemnizaciones a las que han de hacer frente los consistorios afectados, Blanco ha dicho que el Principado no puede asumir esos costes, porque lo sucedido ha sido un "mal uso" de la figura de contratación. "La responsabilidad es de los ayuntamientos", ha dicho.