Madrid (Delegación).-La mayoría de los principales partidos políticos, a excepción del Partido Popular que no recoge en su programa una reforma constitucional, incluyen una protección más adecuada de los derechos humanos y libertades de las personas en sus reformas de la Constitución Española. Ésta es una de las principales conclusiones de las reuniones de alto nivel que los directores de Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón han mantenido con PP, PSOE, Podemos e Izquierda Unida, y mantendrán la próxima semana con Ciudadanos, para presentarles la propuesta de las tres organizaciones sobre reforma constitucional.
“Desde las organizaciones valoramos muy positivamente la disponibilidad de los diferentes partidos políticos y su apertura a seguir dialogando con Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón para incluir una mejor protección de los derechos humanos en la reforma de la Constitución. Aunque los partidos políticos están presentando o anunciando medidas concretas sobre algunos derechos sociales y participación democrática, en general hay poca concreción sobre las reformas que piensan abordar”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Partidos políticos como PP, PSOE y Ciudadanos siguen dividiendo y clasificando los derechos humanos en derechos de primera y de segunda, dándoles diferente protección ante la justicia, con el correspondiente impacto que ésto tiene sobre las personas. Sólo Podemos declara que reformará el artículo 53 de la Constitución para que todos los derechos se encuentren en pie de igualdad ante la justicia. Esta es una de las principales propuestas de la campaña Blinda tus derechos. Cambia el artículo 53, que las tres organizaciones lanzaron el pasado 7 de julio. Izquierda Unida, por su parte, declara de una forma muy general que aboga por la igualdad de todos los derechos.
A través de esta campaña, las organizaciones proponen la modificación de 24 disposiciones constitucionales y una profunda reforma del artículo 53, que es el responsable de hacer distinciones entre derechos como el derecho a la vida o a la libertad (que gozan de una protección reforzada y se pueden denunciar directamente ante los tribunales), y el derecho a la vivienda o al medio ambiente, cuyo nivel de protección es mucho menor.
Las tres organizaciones insistimos en que la reforma del artículo 53 es la manera de hacer que todos los derechos gocen de igual protección a la hora de ser reclamados ante la justicia. Y por ello se entregaron más de 65.500 firmas de ciudadanos y ciudadanas a los principales partidos políticos que comparecen a las elecciones generales del próximo 20 de diciembre, para que en sus programas electorales incluyan una reforma constitucional orientada a mejorar la protección de los derechos humanos.
Avances y retos para la próxima legislatura
Las organizaciones celebramos que derechos como el acceso universal a la salud para todas las personas residentes en España, independientemente de su situación administrativa (PSOE, IU, Podemos); la creación de un derecho a unos ingresos mínimos para que las personas más vulnerables puedan vivir dignamente (PSOE, Podemos, o IU en su Plan de Emergencia Social); o la consignación de diversas propuestas para mejorar la transparencia y la participación ciudadana en nuestras instituciones democráticas (PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU), sean medidas acogidas por parte de los principales partidos políticos. Nos alegramos también de que el derecho a la vivienda haya sido reforzado en varias propuestas (PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU), aunque en la mayoría de los casos sigue sin tener la misma protección ante la justicia que otros derechos, o no se regular su contenido esencial en la Constitución.
“Tenemos el reto de afrontar la lucha contra el cambio climático y la protección y defensa del medio ambiente. Echamos en falta y exigimos a todos los partidos políticos que incluyan en sus propuestas de reforma constitucional que el derecho a un medio ambiente saludable sea un derecho garantizado adecuadamente y susceptible de ser reclamado por la ciudadanía directamente ante los tribunales de justicia”, destacó Mario Rodríguez, director de Greenpeace.
“Lamentamos que una vez más la política de cooperación para el desarrollo –que ha sufrido un recorte de más del 70% desde el año 2008-, los derechos de las personas refugiadas en España, y el derecho de reunión y manifestación, así como otras obligaciones internacionales de derechos humanos vinculantes para España, sean las grandes ausentes de los programas electorales”, manifestó Chema Vera, director de Oxfam Intermón.
Amnistía Internacional, Greenpeace y Oxfam Intermón celebramos que algunos partidos políticos contemplen reformas del sistema fiscal español que contribuyan a mejorar su progresividad y a la lucha contra el fraude, la elusión y la evasión fiscal (PSOE, Podemos); así como las propuestas para reformar el art. 135 de la Constitución y garantizar la financiación de algunos derechos por encima del déficit presupuestario -especialmente los derechos sociales- (PSOE, Podemos, IU). No obstante, echamos en falta propuestas más explícitas y contundentes que consignen en la Constitución la obligación de financiar el gasto social y los derechos humanos en general, vinculando los ingresos públicos con una distribución justa que financie los derechos de las personas.
Todavía hay tiempo para que los diferentes partidos políticos que se presentan a las elecciones generales puedan concretar propuestas para proteger estos derechos en la Constitución. En la próxima legislatura, las tres organizaciones estarán dispuestas para trabajar con el nuevo Gobierno y los partidos políticos para que esa protección esté garantizada.
