Greenpeace demanda al próximo Gobierno la revocación total de la norma por suponer una sentencia de muerte para valiosos ecosistemas y paisajes costeros

Greenpeace celebra la noticia, hecha pública hoy (1), de que el Tribunal Constitucional ha anulado partes de la reforma de la Ley de Costa. El Constitucional estima parcialmente el recurso interpuesto por el PSOE específicamente en lo que denunciaba Greenpeace: la inconstitucionalidad que suponía otorgar a manos privadas los terrenos naturales de las salinas y los pocos lugares que quedan sin urbanizar en el Mediterráneo. La organización considera que esta ley supone una sentencia de muerte para valiosos ecosistemas y paisajes costeros y demanda al próximo Gobierno su revocación total.

"Hoy es un día para celebrar que el rodillo demoledor del Partido Popular sobre el medio ambiente en esta legislatura ha sufrido un fuerte varapalo y el Tribunal Constitucional da la razón a Greenpeace, que denunciamos en lo más alto del Congreso de los diputados el grave retroceso que suponía esta Ley", ha declarado Mario Rodríguez, director de Greenpeace España.

El Tribunal Constitucional se refiere expresamente a la desproporcionada medida de dibujar un nuevo deslinde para la isla de Formentera sin, y como cita expresamente, la nueva Ley “sacrifica así arbitrariamente los valores vinculados al art. 45 de la Constitución Española, toda vez que el principio de protección y mejora del medio ambiente adecuado al que sirve el dominio público del litoral pierde todo su vigor en aquellas zonas excluidas por la exclusiva voluntad del legislador”. Reforzando la denuncia de Greenpeace sobre la arbitrariedad de la nueva Ley de Costas que respondía a intereses a la carta.

De hecho, Greenpeace en un informe que publicó durante la reforma de la Ley de Costas (1) denunciaba como, entre otros, el grupo acuícola del ex ministro del PP, Abel Matutes, que era propietario de 25 salinas que serían favorecidas por la privatización que ofrecía la nueva Ley. Además el Tribunal señala que la desprotección de estos ecosistemas únicos “que la pretensión de excluir porciones del dominio público natural en atención a su transformación artificial y al tipo de explotación resulta constitucionalmente inadmisible”.

"Aún así el Constitucional no resuelve la extensión de concesiones de ocupación del Dominio Público a 75 años. Como por ejemplo, el flagrante caso de la papelera de ENCE, que a pesar de tener una sentencia firme del Supremo podrá permanecer 75 años sobre la playa", ha declarado Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas. “El doble rasero que apunta el Constitucional debería ser suficiente motivo para iniciar un proceso real de defensa del litoral con una nueva Ley de Costas que proteja más y mejor el medio ambiente”, concluye Marcos

La nueva Ley de Costas, presentada bajo el pseudónimo de Ley de “Protección” y Uso Sostenible del litoral supuso un abandono el concepto de protección y, según denunció Greenpeace denunció desde el desde el principio que favorecía la privatización y  la especulación sobre terrenos naturales y públicos. Fue la primera medida ambiental que pronunció el recién formado Gobierno del Partido Popular a finales de 2011. Y fue aprobada en solitario en 2013. De hecho, todos los partidos políticos del Congreso de los diputados, excepto PP, PNV y CiU presentaron enmiendas a la totalidad para que se redactase de nuevo. Año y medio después, la Ley de Costas anterior quedaba derogada.

Greenpeace ha desarrollado una activa campaña contra esta Ley, que incluye denuncias, estudios, varias acciones de protesta pacífica (entre ellas, la instalación de una playa frente al MAGRAMA en 2012 y la escalada al Congreso el día de la aprobación de la Ley), recogía casi 140.000 firmas e incluso interpuso una denuncia ante la Unión Europea que no prosperó por, según señala la UE, ser materia de legislación nacional.