Avilés (E.P.).- La juez que instruye el llamado caso 'Pokémon' y la vinculada trama del agua de Asturias ha requerido información a las empresas que realizaron la obra en el piso del expresidente del PP de Avilés, Joaquín Aréstegui Artime, en la calle Rivero de la Villa del Adelantado, y a las que realizaron los suministros de agua y electricidad en el apartamento en el que supuestamente se habría alojado, durante los trabajos.
En una providencia dictada este martes, Pilar de Lara, titular del Juzgado Número 1 de Lugo, ha atendido a la demanda de datos del informe del Servicio de Vigilancia de Aduanas, en el que relaciona al exdirigente popular con supuestas dádivas y favores por parte de Aquagest y otras presuntas empresas "conchabadas", entre las que cita Construcciones Piedras Sirgas (CPS).
Entre dichos favores, incluidos en una cuantía total de 360.000 euros, se incluirían el pago de la obra en la vivienda así como el del alquiler del apartamento provisional ocupado durante los trabajos, vinculados a la privatización del servicio municipal de aguas avilesino, y su adjudicación a la mencionada Aquagest.
Así, la magistrada requiere relaciones de facturas, informes, dictámenes, certificaciones de obras y posibles operaciones entre CPS, Aquagest, el propio Aréstegui y empresas que habrían participado en la actuación de la vivienda.
También reclama Aquagest y a HC Energía los datos de los consumos en un apartamento de la calle Brigadas Internacionales, en el que supuestamente se habrían alojado Aréstegui y su esposa. Este último requerimiento, lo justifica el informe de Aduanas en la sospecha de que este sengundo inmueble podría haber sido utilizado de "tapadera para encubrir sobornos".
Según Vigilancia Aduanera, se desconoce dónde vivieron Joaquín Aréstegui Artime y su esposa durante el tiempo de obras del piso sito en calle Rivero". "Por otra parte, Joaquín Aréstegui y su esposa alquilaron la vivienda sita en la calle brigadas Internacionales de Aviles al Grupo CPS, como se evidencia a traves del contrato de alquiler celebrado en fecha 1 de febrero de 2010 por el matrimonio con Antonio Ramos Reboredo, en representación de CPS por un precio de 750 euros al mes, tras lo cual, arrendaron el piso al supuesto conseguidor de la trama, exalto cargo del PP de Asturias, Francisco Joaquín Fernández Díaz.
Según vigilancia aduanera, "si se comprueban los importes de los suministros se podría deducir que apenas habría gasto, lo que llevaría a pensar que el piso habría estado deshabitado hasta el momento en el que pasó a ocuparlo el mencionado Joaquín Fernández".
