El Grupo Parlamentario de IU en la Junta General del Principado propondrá la creación de una Ley de Protección Ambiental y de Prevención de la Contaminación, así como una Policía Ambiental, al tiempo que estudian acudir ante la Fiscalía de Medio Ambiente ante la "dejadez escandalosa" del Gobierno regional y su "permisividad" ante empresas contaminantes, que no saben si es de "incompetencia" o si puede tener perspectiva desde el punto de vista legal.

   Así lo han sostenido el coordinador regional de IU en Asturias, Manuel González Orviz, y el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, quien ha enfatizado que desde que se aprobó el Plan de Calidad de Aire del concejo en 2014 solo se han abierto  seis expedientes y de estos solo se plantean dos propuestas de sanción, que además se están tramitando -no son definitivas-- y que se inician tres días antes de facilitar la copia de los expedientes a IU.

   Orviz, en rueda de prensa en el Ayuntamiento de Gijón, ha explicado que IU planteará en la Jnta medidas de carácter político, legislativo y presupuestario para atajar el problema de la contaminación. En concreto, serían cuatro medidas, de las que la primera sería: reforzar la inspección ambiental, para que el control de los niveles de partículas contaminantes no esté en manos de las empresas ni se les avise.

   Para ello, proponen crear una unidad de Policía ambiental que cuente con un técnico y dos oficiales con características de agentes  de la autoridad, que tuvieran laboratorio móvil, cuyo coste  estimado en 100.000 euros. En este caso, se haría aleatoriamente las inspecciones sin advertir a las empresas.

   Otro aspecto es el de la citada Ley de Protección Ambiental, ya que Asturias es de las pocas que aún aplica en Asturias el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 1961. Orviz ha indicado que esta Ley debe garantizar que la concentración de contaminantes de origen humano no tengan efectos significativos sobre la salud y el Medio Ambiente, así como un uso sostenible de los recursos naturales y la protección de la Naturaleza y la Biodiversidad.

   Las otras dos medidas suponen el incremento, especialmente "cualitativo" del control atmosférico, para lo que se adquirirían por un coste de 40.000 euros unos equipos de medición, que incluyan las partículas PM10; y reforzar la transparencia con la publicación de los expedientes en tiempo real en la Web del Principado, incluso desde la fase de instrucción. Orviz ha incidido en que se precisa solo voluntad política.

GIRO DE 180 GRADOS

   Martín, por su lado, ha visto necesaria una rectificación de la Consejería de Infraestructuras de 180 grados, al opinar que esta no puede seguir mirando "a otro lado". Según él, no es posible que con los niveles de contaminación que hay en Gijón no se hayan abierto más de seis expedientes desde que se aprobó el Plan de Calidad del Aire en 2014.

   De estos expedientes, y guardando la confidencialidad de los nombres de las empresas, uno se inició a la empresa 'A'  en febrero de 201, "después de varios años provocando notoria contaminación", ha dicho.

   En el caso de la empresa 'B', se produce una primera intervención pública en enero de 2015 por un episodio contaminante de mayo de 2014; otro en febrero de este año por incumplir los límites legales en varias ocasiones en el primer trimestre de 2013 y segundo semestre de 2014; y un tercero ese mismo mes por desatención de los requerimientos del Principado a la empresa en diciembre de 2013.

   Asimismo, a una empresa de El Musel, se realizó una inspección tras un artículo de un periódico en el que se alertaba sobre la contaminación por parte de una ciudadana. En esa ocasión, la inspección detectó irregularidades pero no se hizo ningún requerimiento de subsanación a la empresa, mientras que diez días tuvo lugar, el 24 de julio pasado, una nube de carbón que provocó una imagen "dañina" para el turismo al tener que abandonar las playas.

   Martín, que ha puesto estos ejemplos, se ha preguntado, entre otras cosas, cómo es que un alto funcionario que inicia un expediente desconoce si la empresa tiene antecedentes infractores de cara a evaluar la gravedad de la sanción, como también por qué el Principado no usa su potestad para instalar medidores en los principales focos de contaminación, ya que son las empresas infractoras las que hacen las mediciones a sí mismas e informan a la Administración sobre sus propios incumplimientos de los valores límite.