Londres.- El Consejo Nacional de Transición (CNT) debe controlar a los grupos armados contrarios a Gadafi para poner fin a los ataques de represalia y a las detenciones arbitrarias, ha advertido hoy Amnistía Internacional durante el lanzamiento de un importante informe sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto libio.

El extenso informe, titulado La lucha por Libia: Homicidios, desapariciones y torturas, revela que mientras las fuerzas de Gadafi cometieron crímenes de derecho internacional generalizados durante el conflicto, las fuerzas leales al Consejo Nacional de Transición también cometieron abusos que en algunos casos equivalieron a crímenes de guerra.

“Las nuevas autoridades deben romper totalmente con los abusos de las últimas cuatro décadas y establecer nuevas normas, situando los derechos humanos en el centro de su agenda”, ha declarado Claudio Cordone, director general de Amnistía Internacional.

“El Consejo Nacional de Transición tiene ahora la responsabilidad de hacer las cosas de otra manera, poner fin a los abusos e iniciar las reformas en derechos humanos tan urgentemente necesarias.”

“Una de las máximas prioridades debe ser evaluar la situación del sector de la justicia y emprender su reforma, para garantizar el debido proceso y dar acceso a la justicia y a una reparación a las víctimas.”

Amnistía Internacional ha encontrado indicios de que durante el conflicto, las fuerzas de Gadafi cometieron crímenes de guerra y abusos que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad, como ataques indiscriminados, homicidios masivos de presos, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. En la mayoría de los casos la población civil fue la que sufrió la peor parte de estas violaciones.

Pero la organización también ha documentado un brutal “ajuste de cuentas” por parte de algunas fuerzas contrarias a Gadafi cuando las fuerzas de éste fueron expulsadas de la región oriental del país, como linchamientos de soldados de Gadafi una vez capturados.

Desde febrero, decenas de personas acusadas de ser ex agentes de seguridad, leales a Gadafi o mercenarios han perdido la vida tras su captura en la región oriental de Libia.

Cuando Al Bayda, Bengasi, Derna, Misrata y otras ciudades cayeron por primera vez bajo el control del Consejo Nacional de Transición en febrero, las fuerzas contrarias a Gadafi cometieron allanamientos de casas, homicidios y otros ataques violentos contra presuntos mercenarios, fueran africanos subsaharianos o libios negros.

El homicidio de presos es un crimen de guerra con independencia de la parte del conflicto que lo cometa.

Amnistía Internacional advirtió de que, mientras continúan los combates, pues algunas partes del país aún están en disputa, existe el peligro de que estas constantes se repitan.

Las personas extranjeras procedentes de países africanos siguen corriendo un riesgo especial, ha declarado la organización. Entre un tercio y la mitad de las personas recluidas en los centros de detención de Trípoli y Al Zawiya son nacionales extranjeros; Amnistía Internacional cree que en su mayoría son trabajadores migrantes y no combatientes.

Amnistía Internacional concluyó que los rumores generalizados de que las fuerzas de Gadafi utilizaron a gran número de mercenarios subsaharianos en febrero eran muy exagerados, a pesar de lo cual, las autoridades del CNT poco han hecho para desmentir la falsa suposición de que los africanos subsaharianos eran mercenarios.

La organización expresó su satisfacción ante el hecho de que en mayo el CNT emitió unas directrices a sus fuerzas para que actuasen con arreglo a las leyes y normas internacionales y en agosto, la presidencia del Consejo pidió a las fuerzas contrarias a Gadafi que se abstuvieran de realizar ataques de represalia. El Consejo ha enviado asimismo mensajes de texto a usuarios de teléfonos móviles libios en los que les pedía que evitaran los ataques de venganza y trataran a los detenidos con dignidad.

Con la entrega de una Agenda de Derechos Humanos para el Cambio al Consejo Nacional de Transición, Amnistía Internacional ha pedido a las nuevas autoridades que transfieran de inmediato todos los centros de detención bajo su control al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y que se aseguren de que sólo practican detenciones los organismos oficiales, en lugar de los thuwwar (revolucionarios).

Varios funcionarios de prisiones de Trípoli y Al Zawiya han declarado a Amnistía Internacional que informan a los consejos militares y locales y no al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Amnistía Internacional, que ha tomado testimonio a más de 200 detenidos desde la caída de Al Zawiya y Trípoli, cree que cientos de personas han sido aprehendidas en sus casas, en el trabajo, en puestos de control o simplemente en las calles.

Muchas fueron objeto de malos tratos durante la detención, y recibieron golpes de palos y culatas de fusiles, así como puntapiés, puñetazos e insultos, a veces mientras estaban esposadas y con los ojos vendados. Algunos detenidos han dicho que les dispararon después de ser capturados.

La organización ha pedido al Consejo Nacional de Transición que dé prioridad a la investigación de las personas que, en todas las partes del conflicto, podrían haber sido responsables de abusos, con el fin de enjuiciarlas en juicios justos que cumplan las normas internacionales y garantizar una reparación a las víctimas.

“Los responsables de la atroz represión durante el régimen del coronel Gadafi tendrán que rendir cuentas de sus actos —declaró Claudio Cordone—. Los thuwwar deben ser juzgados con arreglo a las mismas normas. De lo contrario no se haría justicia y se podría perpetuar un círculo vicioso de abusos y represalias.”

“Los libios han tenido que soportar durante décadas un enorme sufrimiento. Merecen participar en la construcción de una nueva Libia donde este tipo de abusos no se vuelvan a repetir ni a tolerar.”