El partido morado propone además una rebaja de «al menos» un 10% en la asignación que reciben los grupos parlamentarios

Asturias.-La Mesa de la Junta General del Principado estudiará mañana, martes, el proyecto de presupuesto del Parlamento asturiano para 2016. El Grupo Parlamentario de Podemos Asturies ha presentado por registro una propuesta de reducción salarial del 3% para todos los diputados y diputadas de la cámara, por entender que «en el contexto de sacrificio salarial que desde instituciones como la Junta se ha venido pidiendo a la ciudadanía es coherente dar un primer paso para ajustar las retribuciones de las y los diputados a la pérdida de poder adquisitivo que las familias asturianas han venido experimentando durante los últimos años», en palabras del portavoz Emilio León.

El partido morado solicita, asimismo, para el próximo año la reducción en «al menos» un 10% de la partida destinada a los grupos parlamentarios, «en coherencia con la necesidad de ajustar las asignaciones parlamentarias a la coyuntura de algunos servicios públicos de marcado carácter social». Emilio León cree que la reducción de esa asignación es «necesaria y posible si los recursos son optimizados y mancomunados con los servicios de la cámara».

Podemos Asturies reclama, por último, que con vistas al próximo ejercicio presupuestario el Parlamento asturiano revise los contratos en vigor de suministro de energía eléctrica, gas y telecomunicaciones, «con el fin de contrastar si las actuales cláusulas y tarifas recogidas en los mismos se ajustan a las condiciones más ventajosas que puedan obtenerse en la actualidad». Si se detectan condiciones económicas similares con otras empresas operadoras, se propone «incorporar criterios de responsabilidad social en la elección de los proveedores, favoreciendo a aquellas compañías con menores reclamaciones ante las oficinas de información al consumidor, mejores valoraciones en atención al cliente (medidas a través de organismos independientes) y menor número de sentencias en los juzgados de lo Social por conflictos con sus trabajadores y trabajadoras».