El consejero de Presidencia afirma en la Junta General que la seguridad de las instalaciones nunca se ha visto comprometida

• La deducción en el importe mensual de las facturas de la empresa puede oscilar entre un 2% y un 50%

El Gobierno del Principado aplicará penalizaciones económicas a la empresa Alcor, encargada del servicio de vigilancia del centro de menores de Sograndio, por considerar que incumplió las condiciones del contrato al no cubrir la ausencia de su puesto de trabajo de la coordinadora de seguridad durante cuatro días.

El consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez, ha asegurado hoy en el pleno de la Junta General que el Ejecutivo regional siempre ha mantenido una postura diligente para que los contratos de vigilancia se cumplan en sus estrictos términos “en disposición, cuando proceda, a la aplicación de penalizaciones e, incluso, si resultara preciso, a su resolución”.

No obstante, Martínez ha garantizado que la cobertura del servicio de vigilancia en el centro estuvo asegurada en todo momento por los siete vigilantes y el propio director, que es el máximo responsable de la coordinación. “Hablamos de una ausencia en la dirección de las labores de seguridad ante posibles incidentes, pero no de la inexistencia de la labor de vigilancia propiamente dicha”, ha precisado.

Pese a que los trabajos de seguridad no se vieron comprometidos, el titular de Presidencia ha reiterado que el Gobierno de Asturias “no va a permitir que por circunstancias particulares que afecten a una empresa o a la relación de ésta con sus empleados se distorsione la prestación del servicio o se ejecute de manera incorrecta”.

Por este motivo, el Principado ha decidido iniciar el expediente para la aplicación de penalizaciones económicas a la compañía, que se concretarán en los próximos días. Según las condiciones del contrato, la deducción en el importe mensual de las facturas puede oscilar entre un 2% y un 50%.

Guillermo Martínez ha señalado en el Parlamento que la detención de los responsables de una empresa por razones que afectan exclusivamente a la relación con sus trabajadores y con la Seguridad Social “no implica su condena, ni tan siquiera su procesamiento, ya que tienen, como todos los ciudadanos, el derecho a la presunción de inocencia”. Además, ha explicado que la adjudicación de varios contratos a Alcor se produjo porque fue la empresa que presentó las mejores ofertas técnicas y económicas.

La Consejería de Presidencia ya inició diligencias informativas sobre la actuación de la compañía el pasado mes de mayo, que aún se mantienen abiertas, ante los desajustes que se produjeron en el servicio de seguridad de Sograndio con anterioridad.

Centro de menores de Miraflores

Por otra parte, el consejero también ha expresado su preocupación por la huelga indefinida que desde el pasado 23 de octubre mantiene el personal de seguridad de Alcor en el centro de menores de Miraflores. En este sentido, ha señalado que su departamento ha mantenido desde el principio un contacto permanente tanto con la propia dirección del centro como con la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, de la que depende.

Además, ha señalado que, pese a la negativa de la Delegación del Gobierno a decretar servicios mínimos porque el servicio no se considera esencial para la comunidad, la empresa mantiene desde que comenzó la huelga y de forma permanente a un coordinador de seguridad en el centro.