Ante la enorme repercusión en términos de deterioro de la salud y de perjuicio económico, y debido asimismo a la pasividad e insolvencia que ha venido demostrando en esta materia el Gobierno de Javier Fernández, el Grupo Parlamentario de Podemos Asturies ha impulsado una comisión de investigación en la Junta General del Principado para disipar la opacidad en la información sobre las listas de espera de la sanidad asturiana, estudiar las irregularidades en su gestión y reclamar que los responsables en política sanitaria de los dos últimos gobiernos del PSOE rindan cuentas de las medidas puestas en marcha para tratar de solventarlas. Dada la trascendencia del problema, resulta indispensable que sea el propio Parlamento asturiano, sede de la soberanía ciudadana, el que a través de sus representantes guíe de primera mano y en un primer momento este proceso de auditoría.

Las autoridades sanitarias asturianas eluden la responsabilidad que les atribuye la Ley Orgánica de Transparencia 19/2013, vulnerando sistemáticamente el derecho de la población asturiana a la información. Desde mayo de 2014 continúan sin publicarse en el portal Astursalud los datos para consultas y procedimientos diagnósticos, que son la puerta de entrada a la atención especializada. Pero a pesar de que la información se oculta y se omite, la realidad de la sanidad pública asturiana desborda cualquier intento de contención. Las voces de alarma de profesionales y usuarios hace tiempo que vienen alertando sobre una situación que roza lo dramático. Los únicos datos oficiales de 2015, que vieron la luz a partir de una solicitud parlamentaria al Gobierno socialista, cifraban en 120.000 las asturianas y asturianos que, con fecha del mes de agosto, estaban pendientes de consulta con especialista, diagnóstico por imagen o intervención quirúrgica; es decir, más de un 10% de la población asturiana.

Nuestros peores temores se confirman con el anuncio hecho ayer a través de los medios de comunicación de un aumento de la derivación a centros privados como medida prioritaria, en lo que constituye toda una declaración de intenciones. La Consejería de Sanidad y el SESPA renuncian a reforzar los medios propios para abordar el problema, obvian estudiar las carencias de la plantilla y cierran la puerta a la contratación de más personal. De esta manera, permiten que el gasto público se vuelque a través de la sanidad privada, con el encarecimiento y merma de recursos que esto supone, agravando la situación que estamos padeciendo.