La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el homicidio del comunicador hondureño Medardo Flores, colaborador del Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP), ocurrido el 8 de septiembre en la comunidad de Blanquito, Puerto Cortés. La Relatoría Especial exhorta al Estado a realizar una investigación diligente y exhaustiva que dé especial atención a la hipótesis criminal según la cual el crimen cometido pudo tener origen las actividades periodísticas y políticas del comunicador.
De acuerdo con la información disponible, varias personas desconocidas asesinaron a Medardo Flores utilizando armas de fuego, en la noche del jueves 8 de septiembre, en la localidad donde vivía. Flores, quien se dedicaba a la agricultura, formaba parte de un grupo de comunicadores populares voluntarios de Radio Uno de San Pedro Sula, y con regularidad participaba en programas de opinión y entrevistas. Según lo informado, Flores era el encargado de finanzas en el norte del país del Frente Amplio de Resistencia Popular (FARP), organización que lidera el ex presidente de Honduras, Manuel Zelaya.
Medardo Flores es el cuarto comunicador asesinado en Honduras en 2011 y es, al menos, el décimocuarto desde el golpe de Estado de julio de 2009 cuyas muertes no se han esclarecido y podrían tener relación con el ejercicio de la profesión. Para la Relatoría Especial es imprescindible que el Estado hondureño demuestre con acciones concretas e investigaciones efectivas su compromiso en la prevención de estos crímenes, la protección de los periodistas en riesgo y la lucha contra la impunidad de los asesinatos reportados. En este sentido, la Relatoría Especial reitera su preocupación por la ausencia de avances significativos para esclarecer los asesinatos cometidos contra comunicadores desde 2009. En todos estos casos es obligación del Estado adoptar todas las medidas necesarias para identificar la causa de los homicidios sin descartar de manera arbitraria la hipótesis según la cual la actividad profesional de los comunicadores asesinados pudo ser la causa de los mismos. Como resultado de las investigaciones, el Estado debe identificar a los responsables, juzgarlos y sancionarlos, así como garantizar la reparación adecuada a los familiares de las víctimas.
Además de este homicidio, desde 2009 han sido asesinados en Honduras los comunicadores Gabriel Fino Noriega, muerto en San Juan Pueblo el 3 de julio de 2009; Joseph Hernández, asesinado el 1 de marzo de 2010 en Tegucigalpa; David Meza Montesinos, asesinado en La Ceiba el 11 de marzo de 2010; Nahúm Palacios, muerto en Tocoa el 14 de marzo de 2010; Bayardo Mairena y Manuel Juárez, asesinados en Juticalpa el 26 de marzo de 2010; Jorge Alberto (Georgino) Orellana, muerto el 20 de abril de 2010 en San Pedro Sula; Luis Arturo Mondragón asesinado el 14 de junio de 2010 en El Paraíso; Israel Zelaya, muerto en San Pedro Sula el 24 de agosto de 2010; Henry Suazo, muerto en La Masica el 28 de diciembre de 2010, Héctor Francisco Medina Polanco, asesinado en Morazán el 10 de mayo de 2011, Luis Mendoza Cerrato, asesinado en Danlí el 19 de mayo de 2011 y Nery Jeremías Orellana, asesinado el 14 de julio en el municipio de Candelaria. En ninguna de las investigaciones las autoridades hondureñas han reportado algún progreso significativo.
El noveno principio de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH establece que: "El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores asegurar a las víctimas una reparación adecuada".
