El juez González cree que hay riesgo de fuga por parte de los jefes de Unetenet

MADRID, (EUROPA PRESS) -   El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha acordado el ingreso prisión provisional, comunicada y sin fianza, de una pareja que fundó la empresa Unetenet acusada de estafar más de 28 millones de euros a 50.000 personas que logró captar en todo el mundo y a las que convenció de que obtendrían grandes beneficios a través de una falsa moneda virtual que convertiría sus inversiones en dinero.

   El magistrado ha dictado un auto en el que acuerda el envío a prisión de José Manuel Ramírez Marco y Pilar Otero Sánchez por presuntos delitos de integración en organización criminal, estafa y blanqueo de capitales, al ser los "máximos responsables" de un complejo entramado financiero utilizado para desviar los fondos defraudados.

   El titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 reconoce que ambos viajaron desde el extranjero para declarar voluntariamente ante el juzgado, pero considera que existe un "riesgo de fuga" y de destrucción de pruebas, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y el "elevado" importe de los fondos que han depositado en el exterior y que podrían servir a los "miembros del grupo familiar" para huir.

   En sendos autos, el juez señala que ambos formaron un grupo criminal dedicado a la comisión de una "estafa piramidal masiva" a través de sus empresas Union Business Online Ltd, radicada en el país caribeño San Vicente de Granadinas, y su filial Unetenet, con domicilio social en Rincón de la Victoria (Málaga).

CONSEGUIR "DINERO FÁCIL" DESDE CASA

   Unetenet, en cuya página web se puede leer su eslogan 'Tu éxito desde Casa', promete conseguir "dinero fácil" dedicando solamente "unos minutos al día trabajando desde casa, sin desplazamientos y con unos beneficios inalcanzables en cualquier otro trabajo". Según el juez, la función del cliente consistía en invertir sus ahorros, publicitar la marca en las redes sociales y animar a amigos y familiares a participar en el negocio.

   El magistrado desgrana el 'modus operandi'  de los acusados, quienes se ponían en contacto con otros responsables intermedios que, a sabiendas del fraude --muchos de ellos habían participado antes en otras estafas piramidales--, participan desde agosto de 2012 en charlas formativas, reuniones, actos y vídeos para dar a conocer Unetenet y lograr el "máximo número de socios/víctimas".

   "Se intenta convencer a la masa, a través de esos actos, de los beneficios que les aportará el publicitar los servicios de Unetenet, beneficios a conseguir previa compra de una serie de packs que les dará pie para posteriormente ofrecer la publicidad de Unetenet, empezar a generar ingresos y, a través del 'back office' particular de cada uno (argot utilizado por los fundaores), tener acceso a la zona privada de Unetenet y comprobar el estado de los anuncios puestos y las gananciavs conseguidas", explica el juez.

   Según recoge, las ganancias conseguidas irían en proporción con el pack contratado y pagado previamente por la víctima. Por ejemplo, Unetenet prometía unos beneficios anuales de 67.600 dólares con una inversión de 18.000, todo ello prorrateado en 48 pagas semanales de 1.300 dólares cada una, si bien deben abonar mensualmente 59,95 dólares.

LA MONEDA VIRTUAL, "UNETE"

   Una segunda fase de la estafa se produjo cuando Union Business Online LTD decidió cambiar "unilateralmente" los términos de todos los contratos concertados con sus clientes para abonar los presuntos beneficios a través de una moneda virtual inventada por Ramírez Marcos y Otero, denominada 'Unetecoin' o 'Unete'.

   En 2014, indicaron que los clientes debían "vender la nueva moneda al precio que estimaran conveniente, dejando de esta forma que sean los propios usuarios los que se tengan que encargar de recuperar su inversión inicial".

   De este modo, el juez resume que el "cebo" empleado por la empresa consistió en "embaucar y engañar a miles de usuarios, que nunca podrán recuperar su aportación inicial" con promesas de "grandes dividendos" después de que ingresaran su dinero en cuentas bancarias situadas en distintos países, muchos de ellos en paraísos fiscales.

   La denuncia de un antiguo trabajador de la empresa y otras presentadas por los estafados provocó la detención el pasado julio de veinte personas acusadas de estafar a más de 50.000 personas, 6.000 de ellas residentes en España. La Policía Nacional detuvo a dos personas en Madrid, una en Valencia, dos en la provincia de Málaga, ocho en la provincia de Sevilla, otra en Langreo (Asturias), dos en la provincia de Alicante y cuatro en Arrecife (Las Palmas).