Los sindicatos mayoritarios en Asturias, UGT y CCOO, y la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) han emitido este viernes un comunicado en el que piden a los grupos políticos que no supriman el Consejo Económico y Social (CES) del Principado de Asturias.

   El comunicado llega horas después de que la Junta General del Principado de Asturias, con los votos de PP, Podemos, Foro y Ciudadanos, haya decidido tomar en consideración un proyecto de ley promovido por los 'populares' que plantea la supresión del organismo.

   UGT, CCOO y FADE han realizado una serie de consideraciones, como que la Constitución de 1978 "recoge el mandato de promover y facilitar la participación de los  ciudadanos directamente o a través de las organizaciones o asociaciones en la vida económica y social del país".

   A su juicio, suprimir el CES de Asturias sería "eliminar una institución democrática formada por la sociedad civil asturiana". No descartan cambios o mejoras, pero rechazan la supresión de un instrumento que "favorece la calidad democrática". Además señalan que los argumentos basados en la austeridad presupuestaria o en una supuesta, que no real, duplicidad de funciones, no pueden ser la excusa para "rebajar la calidad democrática".

   Añaden que desde el inicio de la transición política se reivindicó la creación de los consejos económicos y sociales como instituciones de participación ya instaurados desde hacía años en la Europa democrática.

   Patronal y sindicatos explican en su comunicado que el CES es un órgano de participación, estudio, deliberación, asesoramiento y propuesta, y que goza de plena independencia y autonomía funcional para el cumplimiento de sus fines y objetivos, en él participan las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Asturias, la Federación Asturiana de Concejos, la Fundación de la Economía Social y la Universidad.

   "La utilidad del CES es la de fortalecer las políticas públicas emitiendo informes y dictámenes con el fin de manifestar opinión para influir sobre la legislación de contenido económico, social o laboral promovida por los poderes públicos. Además estas instituciones promueven un diálogo social constante entre los diferentes intereses existentes en nuestra sociedad, favorecen la toma de las decisiones que sean más correctas, estimulan el consenso y fomentan la convivencia", señalan.