Asturias (E.P.).-La Fiscalía del Principado de Asturias solicita seis años y cinco meses de prisión para cada uno de los dos acusados de ayudar a suicidarse a una mujer en Avilés en mayo de 2012 y de intentarlo con un hombre dos meses después, además de un delito contra la salud pública.

   El Ministerio Fiscal pide también un año y cinco meses de cárcel para otro acusado, hermano de un enfermo terminal residente en Cádiz, que se puso en contacto con los otros dos acusados para ayudar a su familiar a que acabara con su vida, siguiendo su voluntad. El juicio oral se celebrará en un Juzgado de lo Penal de Avilés en una fecha aún por determinar.

   La Fiscalía sostiene que, en el mes de marzo de 2012, una mujer contactó con un voluntario porque lo estaba pasando muy mal y quería quitarse la vida, cosa que ya había intentando en otras ocasiones. El vuluntario, ya fallecido, colaboraba con la asociación Derecho a una Muerte Digna en Cataluña, motivo por el cual estaba en contacto directo con el acusado, médico de profesión, miembro de esta misma asociación en Madrid y fundador de la asociación ENCASA Cuidados Paliativos, también en la capital, y que se encargaba de suministrar al voluntario distintos medicamentos, a sabiendas del destino que se les daba y con conocimiento del resultado que se produciría.

   Así, el acusado y la acusada, que trabajaba como voluntaria en la asociación ENCASA de Madrid, conseguían el Pentobarbital Sódico (anestésico inyectable para intervenciones quirúrgicas en perros y gatos) por Internet en México y luego ambos, indistintamente, lo distribuían.

   Tras preparar una entrega para la mujer de Pentobarbital Sódico a cambio de 6.000 euros en mayo, se dirigieron hacia Avilés. En la habitación de un hotel, ella ingirió el Pentobarbital combinado con un zumo, y falleció entre las 19.00 y las 21.00 horas de ese mismo día. En su organismo se encontró una dosis letal de esa sustancia, 37 mg/l. La mujer dejó además una nota de suicidio.

   Además, en 4 de julio de 2012, el hermano de un enfermo terminal, también acusado, se puso en contacto con el médico acusado para que le proporcionara los medicamentos necesarios. Su hermana tenía metástasis en varios órganos vitales y había expresado su voluntad de poner fin a su sufrimiento. Le ofreció enviarle a Cádiz ese mismo día los medicamentos necesarios para realizar una sedación paliativa profunda, que duraría entre 8 y 24 horas, y las pautas para administrarlos.

   Como médico acusado no se encontraba en esos momentos en Madrid, llamó a la también acusada para que preparara el paquete y lo llevara a una mensajería. El paquete fue interceptado, sin que llegara a su destino. En el interior del paquete había jeringuillas, agujas y varios medicamentos, junto con un papel con las anotaciones para dosificar los productos.

   En el registro efectuado el 6 de julio de 2012 en el local donde se encontraba la sede social de las asociaciones Derecho a Morir Dignamente y ENCASA, Cuidados Paliativos, se encontraron numerosos medicamentos. Ese mismo día se intervino a la esposa del médico acusado, cuando salía de su domicilio en Madrid, una bolsa diversa medicación que precisaba receta médica para su obtención, propiedad del acusado.

   Tres de los medicamentos incautados, el Sevredol, la Morfina Braum y el Metasedin son medicamentos sometidos a fiscalización internacional e incluidos en la Lista I de Estupefacientes, regulados por la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y por la Ley 1/1967 sobre Normas Reguladoras.

   El Diazepan Prodes, el Tranxilium, el Midazolam Sala y Midazolam Normon, el Myolastan, el Orfidal y el Alapryl están sometidos a fiscalización internacional e incluidos en la Lista IV del Convenio sobre Sustancias psicotrópicas de 1971.

   El Embutal, que tiene como principio activo el fenorbarbital, se encuentra sometido a la misma fiscalización anterior, si bien es un medicamento no autorizado en España, por lo que su comercialización es absolutamente clandestina, de acuerdo a lo dispuesto en el art.95.2 de la Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 de abril.

   En general, se trata de medicamentos cuya custodia, conservación y dispensa se deberían realizar a través de los cauces pertinentes: farmacias, hospitales y centros de salud, observando las prescripciones facultativas (es decir, receta médica de estupefacientes y control exhaustivo, con registro de dispensación ) y para las indicaciones legalmente autorizadas.

   "Cosa que no se hacía en el presente caso, donde el uso y entrega de estos medicamentos de forma ilícita o clandestina por parte de los acusados a las personas podía poner en peligro su salud, pudiendo llegar a ocasionar su muerte", indican desde Fiscalía, recordando que el médico acusado estuvo en prisión provisional por esta causa desde el día 7 de julio de 2012 al día 20 de ese mismo mes.

   El Ministerio Público considera que los sanitarios acusados son autores de un delito de cooperación al suicidio, de un delito de cooperación al suicidio en grado de tentativa y de un delito contra la salud pública, mientras que el hermano del enfermo es responsable de un delito de cooperación al suicidio en grado de tentativa.

   Así, solicita que se condene a cada uno de los sanitarios acusados a un total de 6 años y 5 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, el pago de una multa de 10 meses con una cuota diaria de 12 euros (3.600 euros), con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago, e inhabilitación para el ejercicio de sus respectivas profesiones durante 2 años.

   Y que se condena al otro acusado a 1 año y 5 meses de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.