En sólo 24 horas, tres mujeres se han unido a la larga lista de las víctimas mortales del terrorismo machista. El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia sobre la Mujer (más conocido como Convenio de Estambul) reconoce estas violencias como violaciones de los derechos humanos y, por lo tanto, hace responsables a los estados miembros si no responden de manera adecuada a esta lacra social. Mientras establece la obligación de los estados de «prevenir, investigar, castigar a los que cometen el delito, proteger a las víctimas y reparar los daños», el Gobierno del Partido Popular continúa ahondando en el pozo de la desigualdad y de la discriminación. Según datos de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, presentada recientemente, el número de mujeres víctimas de violencias machistas no ha parado de aumentar en los últimos años (el porcentaje ha pasado de 6,3% en 2006 a un 12% en la actualidad). Los datos no son más que la evidencia de que la política de recortes del Gobierno de Rajoy está teniendo consecuencias fatales: los recortes en materia de igualdad matan.

No podemos seguir contando asesinadas cada semana, debemos reaccionar con contundencia ante la barbarie machista. El respeto a los derechos humanos en una condición esencial para el desarrollo social y democrático y es obligación del Estado proteger y garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia machista y de sus hijos e hijas, frenando el progresivo desmantelamiento de las políticas de igualdad e incidiendo directamente en los derechos humanos de las mujeres y, con ello, en nuestro sistema democrático.

Por ese motivo, desde Podemos Asturies presentamos en el Parlamento asturiano una proposición no de ley contra la violencia machista encaminada a combatir las dificultades a las que las víctimas se enfrentan, exigiendo el mantenimiento activo de todos los servicios de atención a mujeres que se venían realizando por parte de las entidades locales, apostando por la gestión pública directa de dichos servicios y proponiendo la elaboración de un plan de garantía habitacional inmediata para toda aquella mujer víctima de violencia machista, con independencia de la concurrencia de orden de protección o no. (Comunicado)