Oviedo (E.P.).-La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de tres empresarios de una inmobiliaria de Oviedo acusados de defraudar a la Hacienda Pública casi un millón y medio de euros, cobrando parte de sus ventas en negro.

   Los acusados son un padre y sus dos hijos y la acusación pide dos años y medio de prisión para cada uno de ellos. La vista oral está señalada para este martes, 6 de octubre de 2015, en el Juzgado de lo Penal número uno de Oviedo, a las 09.30 horas. Está previsto que el juicio continúe los días 6, 8, 9, 13, 15, 20, 22, 23, 27, 29 y 30 de octubre, y 3, 5 y 6 de noviembre.

   La inmobiliaria AAA se constituyó por escritura pública de 26 de septiembre de 1856, siendo su objeto social la creación de riqueza urbana mediante compra y venta de terrenos, construcción de viviendas, locales, y garajes para su enajenación o cesión en arrendamiento, la urbanización y la promoción inmobiliaria en su más amplio sentido y tiene fijado su domicilio social en Oviedo.

   Está regida por un Consejo de Administración, al que pertenecen como consejeros los tres acusados. El 9 de noviembre de 2007, el acusado XXX fue nombrado presidente por tiempo indefinido, y consejero delegado hasta el 14 de junio de 2013; y el acusado YYY, apoderado de la sociedad, fue nombrado secretario del Consejo de Administración.

   Durante el ejercicio 2008, según la versión de la Fiscalía, la inmobiliaria vendió predios correspondientes a un dividido en cuatro portales: uno en la Avenida de Atenas, otro en la Avenida de Bruselas y otros dos en la Plaza de Europa. En total, eran 251 viviendas, 266 plazas de garaje y varios locales comerciales. La Fiscalía sostiene que la inmobiliaria fijaba un precio en la escritura pública pero exigía uno superior a los compradores, que debían entregar una cantidad en efectivo sin recibir ningún justificante.

OMISIÓN DE LAS CUENTÍAS

   La sociedad, según el Ministerio Público, "no solo omitía reflejar estas cantidades en las escrituras públicas de compraventa y en los contratos privados, sino que sus libros y registros contables arrojaban anomalías sustanciales, al dejar de incorporar el precio real de venta de las viviendas, garajes y locales comerciales. Y, con la finalidad de enriquecerse a costa de la Hacienda Pública, tampoco incluyó parte del precio no escriturado ni contabilizado en sus declaraciones por el Impuesto de Sociedades, dando lugar a una cuota defraudada por este concepto de 607.563,37 euros".

   Por otro lado, la Fiscalía explica que el 12 enero de 2006 la inmobiliaria suscribió un contrato con otra sociedad, firmando en representación de esta última el acusado XXX, presidente y consejero delegado de la primera. La Fiscalía sostiene que el único objeto de este contrato era aparentar un incremento de los gastos y la correspondiente disminución de la Base Imponible del Impuesto sobre Sociedades de la inmobiliaria por importe de 2.865.123,42 euros, ya que la sociedad no ha prestado ningún servicio a inmobiliaria, lo que supone una cuota defraudada por este concepto de 859.537,03 euros.

FRAUDE

   De este modo, la inmobiliaria dejó de ingresar a la Hacienda Pública un total de 1.467.100,40 euros en el Impuesto de Sociedades del año 2008. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la Hacienda Pública por la elusión del pago de tributos de especial trascendencia y gravedad, atendiendo al importe de lo defraudado, del artículo 305.1.b) del Código Penal.

   Y solicita que se condene a cada uno de los acusados a 2 años y 6 meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, pago de una multa de 5.134.851,40 euros (tres veces y media la cuota presuntamente defraudada), con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada 15.000 euros o fracción que quedasen impagados, y pérdida del derecho a percibir ayudas o subvenciones públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 4 años y 4 meses, junto con el pago de las costas procesales.

   Además, en concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que los acusados abonen, de forma conjunta y solidaria, 1.467.100,40 euros a la Hacienda Pública, más los intereses legales. De esta cantidad responderá de forma directa la inmobiliaria, así como de las multas solicitadas a los acusados.