El TSJA solicita a la Junta General del Principado la certificación acreditativa de la condición de diputada de Dolores Campillo y nombra instructor de la causa al magistrado José Ignacio Pérez Villamil. Contra la resolución cabe interponer recurso de súplica en el plazo de tres días desde su notificación.

   En los hechos objeto de la querella el Auto especifica que hay irregularidades en la anulación de 20 multas de tráfico correspondientes a los años 2012 a 2015.

   El Ministerio Fiscal entiende en su escrito que los hechos pueden ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación, previsto y penado en el artículo 404 en relación con el 74 del Código Penal.

Recientemente, partidos políticos de la oposición como Podemos o Equo se hicieron eco de las denuncias contra la ex alcaldesa de Llanes. Equo pidió a través de una nota de prensa la renuncia de la diputada regional socialista Dolóres Álvarez Campillo, a la que acusa de "haber intervenido en una caso de violencia de género en favor del agresor".

   Según argumenta Equo, cuando la exalcaldesa de Llanes presidía la mancomunidad Llanes-Ribadedeva, "ayudó con fondos públicos a un maltratador para que  burlase  la justicia". Fue entonces, añaden, cuando impidió la adecuada aplicación de la justicia "al hacerse cargo una administración pública que ella presidía del cumplimiento de la condena en lugar del condenado".

   Gracias al abono de la sanción económica ordenado por Álvarez Campillo, el agresor, que había quebrantado la orden de alejamiento, evitó ir a prisión, siempre según la versión de Equo, que ve en su actuación una "interferencia intolerable que impide la adecuada marcha de la Administración de Justicia".

   "La diputada transfirió la condena de R.A.B. a la administración pública. El castigo fijado por el juzgado se supone que tiene una finalidad disuasoria, ¿cómo va a disuadir al agresor si es la mancomunidad quien cumple la condena pagando la multa?", se ha preguntado la coportavoz de Equo Asturias, Azulina Llano.

Gutiérrez (FSA) recuerda que Campillo deberá "asumir sus responsabilidades" si se abre juicio oral

El secretario de Organización de la Federación Socialista Asturiana, Jesús Gutiérrez, ha recordado este lunes el "listón ético" que los representantes institucionales de la formación tienen para "asumir responsabilidades", que es el de la apertura de juicio oral, lo que ha de conllevar la dimisión del cargo.

   En estos términos, Gutiérrez se ha referido a la aceptación por parte del Tribunal Superior de Justicia de la querella contra la exacaldesa de Llanes y diputada socialista en la Junta General, Dolores Campillo, por presunta prevaricación al revocar y anular sanciones de tráfico.

   Durante una reunión en Sobrescobio con representantes de las agrupaciones socialistas de la Comarca del Nalón, Gutiérrez ha reconocido que la admisión de la querella era "una posibilidad que sabíamos que podía llegar a ocurrir y solo nos queda recordar que la citada diputada ya hizo un comunicado la pasada semana".

   Así, ha dejado claro que "la FSA-PSOE, a diferencia del resto de fuerzas políticas, tiene un criterio establecido desde hace tiempo que indica que todos los representantes institucionales de la Federación saben que el listón ético del partido indica que deben asumir responsabilidades en el caso de apertura de juicio oral por parte de un juez".