La secretaria del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo  Rato, Teresa Arellano, y un supuesto nuevo testaferro del exministro han sido detenidos por la Guardia Civil tras declarar en relación con una supuesta trama de pagos al exmandatario.

   Ambos fueron llamados a declarar el miércoles, antes de que ayer por la tarde se interrogara a Rato, también ante la Comandancia en Tres Cantos (Madrid) de la Guardia Civil, que le atribuye un presunto delito de corrupción entre particulares.

   Así, desde el miércoles, Arellano y otra persona cuya identidad no ha sido revelada permanecen detenidos, por lo que previsiblemente pasarán a disposición judicial este viernes.

   Este delito que se imputa ahora a Rato es el mismo por el que su presunto testaferro Alberto Portuondo permanece en prisión preventiva desde el pasado mes de agosto por orden del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, en relación con el cobro de comisiones de  las empresas proveedoras de publicidad para Bankia, Zenith y Publicis.

   Por el momento se desconoce si los hechos por los que el exvicepresidente declaró el jueves y han sido detenidos sus colaboradores más cercanos son los mismos que ya investiga el juez o son nuevos. Rato acudió ayer a la Comandancia de Tres Cantos acompañado por su abogado tras ser citado como imputado por el Instituto Armado.

    Hasta el momento, el titular del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, atribuye a Rato delitos contra la Hacienda Pública y también presunto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, por lo que la imputación al exmandatario de esta conducta, de corrupción entre particulares, sería novedosa.

   Rato fue detenido el pasado mes de abril aunque sólo permaneció arrestado durante el tiempo que duraron los registros en su vivienda y en su despacho, unas siete horas. Esta medida se produjo tras una denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid en los juzgados de Instrucción de Madrid.

   La causa recayó en el juez de instrucción número 31 de la capital, Antonio Serrano-Arnal, que ha intentado, desde entonces, inhibirse en dos ocasiones a favor de la Audiencia Nacional sin éxito, ya que el juez del caso Bankia, Fernando Andreu, rechaza asumir esta investigación.

   El juez Serrano-Artal citó a declarar a Rato el pasado 22 de julio pero el exvicepresidente del Gobierno se negó a contestar a las acusaciones formuladas por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la Fiscalía Anticorrupción que apuntan a que empleó un "complejo entramado societario" para cometer hasta cinco delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.

   Por su parte, el juez Andreu le investiga por la fusión y posterior salida a Bolsa de Bankia y por las tarjetas 'black' utilizadas por los directivos de dicha entidad.

CORRUPCIÓN DEL TESTAFERRO

   El instructor de la causa hasta el momento  acordó el pasado 20 de febrero mantener la prisión provisional comunicada y sin fianza por un juez de guardia contra Alberto Portuondo, responsable de la empresa Albisa S.L. y presunto testaferro del exvicepresidente económico Rato.

   A Portuondo se le imputan los delitos de blanqueo de capitales en el extranjero y corrupción entre particulares. Hasta el momento de su detención, en el aeropuerto de Barajas cuando iba a viajar a México, su país de residencia, el procedimiento de dirigía únicamente contra Rato y su socio Domingo Plazas, si bien aún se desconoce si la declaración este jueves de Rato ante el Instituto Armado tiene que ver con la causa judicial ya abierta o se corresponde con hechos diferentes.

   Según la investigación que existe contra Portuondo, iniciada la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) , Albisa habría actuado como empresa pantalla para el cobro por parte de Rato de comisiones por cerca de dos millones de euros de empresas proveedoras de Bankia. Más de 800.000 euros habrían ido a parar a Kradonara SL, propiedad de Rato, bajo la apariencia de pagos por servicios que realmente no se prestaron.

   Como resultado de un informe remitido por la ONIF al Juzgado el 21 de julio pasado han surgido nuevos datos indiciarios de la comisión de un presunto blanqueo cometido en el extranjero, resultante de las inversiones efectuadas por Rato, mediante la sociedad alemana Bagerpleta GmbH, propietaria de un hotel en Berlín, de la que el exmandatario ha sido administrador hasta abril de 2015.

   Considera la Fiscalía, y el juez Serrano-Artal ha aceptado, que las inversiones en dicha sociedad alemana se habrían llevado a cabo a través de la sociedad KRADONARA, SL, cuya matriz es la sociedad británica Vivaway Ltd, propiedad, a su vez, de Rato. Añade que los flujos de dinero que Kradonara ha remitido a Bagerpleta GmbH entre 2011 a 2014 tienen un presunto origen ilícito, dimanante de delitos de corrupción entre particulares y delito fiscal.

   Por otro lado, Anticorrupción desveló la pasada semana en un informe remitido a la Audiencia Nacional que una sociedad patrimonial del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato recibió entre los años 2006 y 2014 un total de 6,5 millones de euros procedentes del extranjero "cuyo origen se desconoce".

   En concreto, la empresa recibió transferencias por valor de 3,04 millones de euros en los años 2012, 2013 y 2014 por parte de la empresa Vivaway Limited, una mercantil propiedad de Rato establecida en Gibraltar que posee el accionariado de Kradonara. En las cuentas de esta última también entraron divisas por valor de 3,4 millones en los años 2006, 2007, 2011 y 2014.