La Guardia Civil de la Comandancia de Oviedo, ha llevado a cabo 15 imputaciones por furtivismo de la pesca del percebe desde la entrada en vigor del nuevo Código Penal, el pasado 1 de julio.
La pesca de este crustáceo estaba vedada por Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias, iniciándose el día 1 de octubre el periodo hábil para la pesca profesional.
Los furtivos imputados por la Guardia Civil, fueron sorprendidos en rocas incluidas en Planes de Explotación gestionados por las Cofradías de Pescadores de Oviñana y Tapia de Casariego, principalmente y con especial reincidencia de varios furtivos en Punta La Cruz (Castropol), procedentes de El Ferrol (A Coruña), con antecedentes policiales y numerosas infracciones administrativas en materia de pesca marítima.
Los furtivos provistos de trajes de neopreno, accedían en horas nocturnas a las rocas vedadas con lanchas neumáticas, siendo sorprendidos por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil con ocasión de dispositivos específicos de vigilancia.
En otras ocasiones, los furtivos fueron sorprendidos por la Patrullas de Seguridad Ciudadana del Cuerpo en colaboración con el Servicio de Vigilancia e Inspección de Pesca Marítima de Asturias o con vigilantes de las Cofradías de Pescadores.
Las actuaciones dieron lugar a la aprehensión de casi 250 kilos de percebe, con medidas incluso por debajo de la talla mínima exigida para la pesca profesional, causándose el correspondiente perjuicio para la recuperación de la especie. La venta clandestina de estos crustáceos podría haber alcanzado al menos la cifra de 5.500 euros.
Los furtivos sorprendidos por la Guardia Civil antes de la entrada en vigor del Código Penal del 2015, eran denunciados por infracciones graves a la Ley de Pesca Marítima del Principado de Asturias.
Sin embargo, a partir del 1 de julio el furtivismo del marisqueo se considera delito, castigado con penas de multa o incluso con prisión superior a seis meses, cuando se produzcan graves daños al patrimonio cinegético, por grupos de tres o más personas o utilizando artes o medios prohibidos reglamentariamente.
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