El presidente de Asturias pide 'diálogo y coraje' a los gobiernos catalán y español

El presidente de Asturias pide diálogo y coraje a los gobiernos catalán y español

Javier Fernández apela al “diálogo y el coraje” entre el nuevo gobierno catalán y el que resulte de las generales de diciembre para buscar una solución que vaya “de la ley a la ley” y permita renovar el actual pacto de convivencia entre todos los españoles

 

El Gobierno de Asturias rechazará cualquier decisión unilateral que vulnere la Constitución y vigilará la defensa de los intereses de nuestra comunidad autónoma

 

Asturias.-El presidente del Principado, Javier Fernández, ha rechazado hoy que las elecciones autonómicas catalanas puedan ser interpretadas como un plebiscito sobre la independencia. A su juicio, la solución a esta crisis sólo podrá venir de una suma de “coraje y diálogo” entre el próximo gobierno catalán y el que resulte de las elecciones generales previstas para diciembre: el primero habrá de renunciar a atrincherarse en planteamientos esencialistas que le abocan a “un camino indeseable hacia ninguna parte” y el segundo tendrá que asumir tanto la gravedad del problema como la necesidad de emprender reformas para afrontarlo. “Como supimos hacer en nuestra historia reciente, habrá que ir de la ley a la ley”, ha añadido el jefe del gobierno.

 

Contra la pretensión de considerar el escrutinio como el desenlace de un plebiscito, Javier Fernández ha precisado que “lo que han elegido los catalanes es su parlamento autonómico. Es el mismo ejercicio democrático que han hecho en otras diez ocasiones desde 1980, amparados por la Constitución y el Estatuto de Cataluña”. Otorgarle otro rango, como pretende el presidente Artur Mas, “es inaceptable”. “En un Estado de Derecho, atenerse al ordenamiento jurídico es una regla básica. Ninguna institución puede ponerse al margen; hacerlo equivale a situarse fuera de la ley”.

 

“Al nuevo parlamento catalán”, ha continuado, “le corresponde elegir al presidente de la Generalitat, quien a su vez tendrá que nombrar al gobierno autonómico. Ésta es la tarea que espera al próximo presidente de Cataluña: gobernar para todos los catalanes, gestionar su educación, su sanidad, sus servicios sociales, promover su desarrollo económico y cultural; en fin, las labores propias de un gobierno”.

 

Javier Fernández también ha tomado en cuenta el contexto en el que se han celebrado las autonómicas catalanas, a tres meses de las generales. “Me preocupa mucho que se intente utilizar este asunto en clave electoral”, ha advertido. Además, el próximo gobierno de España tendrá que emplearse a fondo para encarar este problema: “el  nuevo Ejecutivo estará obligado tanto a la defensa del orden jurídico como a tomar la iniciativa política para impulsar las reformas que permitan renovar el actual pacto de convivencia entre todos los españoles. Para ello hará falta tanto coraje como diálogo. Habrá que buscar una solución que vaya de la ley a la ley, como ya supimos hacer en nuestra historia reciente”.

 

“Ese camino”, ha añadido, “no se recorrerá lastrados con apelaciones a las esencias, envueltos en himnos, banderas y apriorismos irrenunciables. Tampoco será posible sin un Gobierno del Estado capaz de reconocer la crisis y ejercer la iniciativa que le corresponde para afrontarla. Que la independencia sea indeseable y un rumbo hacia ninguna parte que conllevaría una enorme frustración colectiva no supone que el problema, gravísimo, no exista”.

 

Ante el riesgo de que la deriva independentista cause perjuicios a toda la ciudadanía, el Gobierno del Principado velará por la defensa de los intereses de los asturianos: “Como presidente, no puedo sentirme ajeno a la crisis provocada por el independentismo catalán. Las consecuencias económicas, sociales, políticas e históricas, de dimensiones imprevisibles, nos atañen a todos quienes formamos parte del mismo Estado social y democrático de Derecho que define el artículo 1º de la Constitución. No puedo aceptar decisiones unilaterales que vulneran el orden constitucional y que, además, repercuten sobre todos los españoles, residan en Asturias, Cataluña o cualquier otra comunidad. Cualquier paso en esa dirección merecerá el firme rechazo del Gobierno de Asturias en defensa de los intereses de todos sus ciudadanos”.

 

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