Intervención de la diputada Lucía Montejo con motivo de la proposición no de ley para la acogida de personas refugiadas presentada por Podemos Asturies y que ha sido aprobada hoy por la Junta General del Principado.

Tras más de cuatro años de guerra, el número de personas que han tenido que huir de Siria se cuenta ya por millones; más de once millones y medio de personas, según datos de ACNUR, que han dejado atrás sus casas, sus familias y sus vidas con el único objetivo de conseguir sobrevivir. En lo que va de año, hasta el día 1 de este mes, han llegado a las costas europeas más de 350.000 personas. Según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 2.500 han perdido la vida en el Mediterráneo mientras trataban de llegar a Europa, y se sospecha que la cifra es, con toda probabilidad, aún más trágica. No sólo nos encontramos ante el mayor flujo migratorio desde la II Guerra Mundial: la situación de emergencia es tal que podemos decir sin miedo a equivocarnos que nos enfrentamos a una de las mayores crisis humanitarias vividas hasta la fecha.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su Protocolo (1967) recogen la obligación de los estados de conceder asilo humanitario y la prohibición de devolver a las personas refugiadas a su país de origen. Sin embargo, asistimos con tristeza a la realidad de una Europa volcada cada vez más con los mercados en lugar de con las personas. Una Europa que destina 2.000 millones de euros a blindar sus fronteras y sólo 700 a políticas de asilo es una Europa que estrangula cualquier atisbo de ética, una Europa que agoniza junto a sus principios, y sobre todo una Europa que avergüenza a quienes todavía, y a pesar de todo, nos empeñamos en creer que otra Unión es posible.

Pero no es necesario irse muy lejos para apreciar el desprecio a las personas por parte de quienes se definen, en otros contextos, como provida. España sólo recibe el 1% de las solicitudes de asilo de la UE. El informe de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado recoge que en España el año pasado sólo fueron admitidas a trámite 1.585 solicitudes de protección internacional de las casi 6.000 recibidas y que finalmente de esas 1.585 personas sólo 384 lograron el estatuto de refugiado. El año pasado el Gobierno del Partido Popular sólo se comprometió a reasentar a 130 personas sirias, en el marco de un conflicto que ha desplazado ya, como decíamos, a varios millones. El compromiso del Gobierno con esta tragedia humanitaria es, como muestran estos datos, inexistente.

El objetivo de la proposición no de ley que hoy presentamos ante esta cámara no es otro que dar una oportunidad a quienes han perdido tantas, solicitando al Gobierno central y al Partido Popular que demuestren su amor a la vida ayudando a quienes hoy desgarran la tierra con sus gritos de ayuda.

Posicionarse por el fin del drama humano conlleva activar todos los mecanismos a nuestro alcance para acabar con el mismo. En primer lugar, garantizar el respeto a los derechos humanos, adquirir un compromiso serio para acabar con las redes de tráfico de personas que sobreviven a costa de la desgracia, y acabar con la criminalización de las personas refugiadas y con la militarización de las fronteras. Es prioritario restablecer el asilo diplomático con acceso directo en todas las embajadas españolas, reabriendo la posibilidad de solicitar protección internacional en las embajadas y consulados españoles de los estados de origen y tránsito, tal y como prevé la ley reguladora del derecho de asilo, cuyo desarrollo reglamentario, sin realizar aún, se debe acometer con carácter urgente.

Asimismo, urge la derogación del Protocolo Dublín 3, el cual establece que la petición de asilo en la Unión Europea sólo puede realizarse en el país por el que se entró a la UE, violando así todo principio de solidaridad y humanidad. Alemania ya lo ha hecho; esperemos que Rajoy, alumno aventajado de Merkel en recortes de derechos sociales, siga sus instrucciones también en esto.