La Consejería de Servicios Sociales se plantea el reto de fortalecer los derechos y garantizar una mayor eficacia de las prestaciones esta legislatura

• La consejera apuesta por potenciar la coordinación con los sistemas sanitario, educativo y laboral, así como la colaboración con los ayuntamientos y el tercer sector

• Pilar Varela anuncia nuevas leyes de servicios sociales y del menor

• El reglamento del salario social se modificará para agilizar las revisiones y el seguimiento de los programas personalizados, y se recuperará el carácter universal del sistema de dependencia

• El departamento pondrá en marcha un plan de garantía habitacional para evitar la pérdida de la vivienda

La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha asegurado hoy que la actualización normativa para el desarrollo de derechos, la cohesión interna del sistema y la modernización de los servicios sociales serán los objetivos que guiarán las actuaciones de su departamento durante esta legislatura. Varela, que ha explicado en la Junta General del Principado su programa de gobierno para los próximos cuatro años, ha apostado también por reforzar la cooperación con otros sistemas de protección social como el sanitario, el educativo y el laboral, junto con el tercer sector.

“A los que se refieren a esta consejería como la del gasto social, yo les digo que es la de la inversión social”, ha destacado la consejera, que ha subrayado el potencial de generación de empleo y los elevados niveles de retorno económico de su departamento.

Los fundamentos sobre los que se desarrollará el trabajo de la consejería son los siguientes:

1. Actualización normativa y desarrollo de derechos. La situación actual exige la actualización de las normas que rigen el sistema asturiano de servicios sociales. En este marco, se elaborará una nueva Ley de Servicios Sociales (la actual data de 2003) que contribuya a cohesionar el sistema y otra Ley del Menor adaptada a la estatal. También se revisará la Ley del Anciano. Asimismo, se desarrollará el Catálogo de Prestaciones Sociales y se revisarán el reglamento del salario social básico y la normativa sobre dependencia y acreditación de centros.

2. Actuaciones para modernizar y articular el sistema de servicios sociales. El objetivo es dotarlo de herramientas comunes de análisis, planificación, prospección e intervención individual.  Para ello es necesario mejorar la gestión de la información como instrumento clave para la planificación, evaluación y mejora. Así, se elaborará un diagnóstico de necesidades e indicadores de evaluación y calidad del sistema que sirva como marco técnico para el diseño de la nueva ley, y se sentarán las bases para crear el Sistema Asturiano de Información de Servicios Sociales.

3. Garantizar la eficiencia, agilidad y calidad del sistema. En un contexto de crisis económica y de inevitable crecimiento de la demanda de servicios y prestaciones, es necesario el desarrollo de fórmulas de gestión administrativa que hagan compatible el rigor en la aplicación del procedimiento con una tramitación más ágil. También resulta imprescindible adecuar los servicios prestados a las necesidades reales de las personas.

4. Reforzar el trabajo comunitario y la proximidad en la atención. Se trata de llevar a cabo en el territorio una política social centrada en la persona, a través de la intervención individualizada y adaptada a las necesidades particulares. En esta labor será clave la cooperación con los ayuntamientos.

5. Mejorar la coordinación con otros sistemas de protección social. Los servicios sociales precisan de relaciones ágiles y sólidas de coordinación con el resto de sistemas de protección, que permitan abordar de manera integral las necesidades de las personas. Con este propósito, en esta legislatura se crearán cauces estables de cooperación con los sistemas sanitario, educativo y laboral.  

6. Reforzar la colaboración con las entidades del tercer sector. Los cambios sociales y organizativos de los servicios sociales en los últimos años han afectado a la relación entre la acción pública y el tercer sector. Es necesario establecer un nuevo marco de cooperación para recuperar el diálogo en torno al modelo de sociedad y desarrollo del sistema. La nueva Ley de Servicios Sociales permitirá ordenar esta relación.

Actuaciones destacadas por áreas

Durante su comparecencia, la consejera de Servicios y Derechos Sociales ha enumerado las  líneas de trabajo y actuaciones que pretende llevar a cabo su departamento. Entre ellas, destacan las siguientes:

Red básica de servicios sociales:

-         Mantener la aportación del Principado al Plan Concertado, compensando los recortes del Estado.

-         Crear los Consejos Territoriales de Servicios Sociales para analizar la situación de los servicios locales, evaluar sus necesidades y asegurar una atención homogénea y garantista.

-         Poner en marcha las comisiones de coordinación interadministrativa y la comisión de coordinación de los servicios sociales del área, destinadas a  reforzar la colaboración con los equipos de la red básica.

Inclusión y salario social:

-         Cooperar con el tercer sector en el marco de la Mesa contra la Pobreza y Exclusión para unir sinergias en la lucha contra la pobreza.

-         Modificar el reglamento del salario social para agilizar las revisiones y el seguimiento de los programas personalizados de incorporación social.

-         Coordinación con empleo.

-         Establecer un módulo de estadísticas en la aplicación informática actual para conocer mejor el perfil de los usuarios.

Vivienda:

-         El Plan de Choque de Medidas de Protección para Situaciones de Desahucio se puso en marcha hace 3 años y ha permitido ofrecer 143 viviendas de urgencia. En este marco, se impulsará un plan de garantía habitacional para que, antes de perder su vivienda, las personas afectadas puedan optar por una ayuda económica, acompañamiento social o un alojamiento alternativo.

-         Programa de Fomento del Alquiler para poner viviendas a disposición de la ciudadanía.

-         Mantener los ritmos actuales de construcción de vivienda pública para arrendamiento.

-         Continuar con la política de reparación de los inmuebles del parque público. El objetivo es poner 333 viviendas desocupadas y pendientes de reparación a disposición de la ciudadanía a principios de 2018.  

Mayores y Dependencia:

-         Revisar la Ley del Anciano.

-         Recuperar el carácter universal del sistema de dependencia mediante el restablecimiento de una cuantía mínima para las prestaciones económicas.

-         Desarrollar las prestaciones de promoción de la autonomía personal de forma que los dependientes pueda recibir servicios como el de fisioterapia, o estimulación cognitiva, compatibles con otras prestaciones del sistema.

-         Medidas para cumplir con los plazos de resolución, que actualmente se sitúan en 8 meses.

-         Reformar la normativa y aprobación de un único decreto de referencia con todos los aspectos de las prestaciones.

-         Aprobar un plan de prevención de dependencia que recoja programas específicos de carácter preventivo.

-         Elaborar un plan de evaluación de calidad de los centros acreditados, y revisar los criterios de acreditación.

-         Reclamar al IMSERSO que establezca un diálogo para determinar el nuevo sistema de financiación y que aumente los fondos con carácter finalista para la dependencia.

Diversidad funcional:

-         Puesta en marcha de nuevos programas de centro de día para personas discapacitadas en proceso de envejecimiento.

-         Desarrollar las medidas recogidas en el Plan Integral para las personas con Discapacidad 2015-2017.

Infancia

-         Impulsar una nueva Ley del Menor que dé respuesta a las nuevas necesidades de la infancia y recoja las novedades introducidas por la norma estatal que entró en vigor el pasado 28 de julio.