Asturias.-La diputada Lorena Gil ha reprochado esta tarde a Francisco Blanco, durante la comparecencia en la Junta General del Principado del consejero de Empleo, Industria y Turismo, la escasa consideración que el anterior y el nuevo Gobierno asturiano parecen mostrar hacia la investigación y la innovación. La parlamentaria de Podemos Asturies señaló durante su turno de preguntas al consejero que «el modelo de I+D+i del Principado es obsoleto. No hay sinergia, no hay gobernanza y se echan en falta mecanismos de transparencia, no conocemos los criterios de elección de proyectos que se financian y hasta donde sabemos tampoco se miden los resultados». Denunció que «los datos evidencian el desplome de la investigación en nuestra comunidad autónoma, donde pasamos de 311 a 136 millones de euros entre los años 2006 y 2013, con una reducción de casi un 16% en el número de empresas innovadoras, mientras en el mismo periodo en otras comunidades autónomas ha habido un incremento en dicho capítulo».

Lorena Gil advirtió, asimismo, de que «no es posible crear planes en los que únicamente las empresas elegidas tengan derecho a opinar en materia de innovación», pidió que se hagan públicos todos los convenios firmados por el Gobierno asturiano con empresas de innovación y reclamó un compromiso no sólo con la investigación aplicada, sino también con la investigación básica. En este sentido, aseguró que «la Universidad de Oviedo ha visto reducido su presupuesto en un 16% en cuatro años, lo que supone una pérdida de casi 35 millones de euros. El Principado desprecia sistemáticamente el papel que una universidad debe desempeñar en una sociedad del conocimiento». Añadió que la institución universitaria asturiana no sólo no está entre las doscientas mejores del mundo, sino que «ya casi nadie habla de convertirla en una universidad puntera debido a los recortes de medios y a la sobrecarga de trabajo docente».

Por otra parte, la diputada del partido morado le recordó a Francisco Blanco que Asturies «es la comunidad autónoma que menos crece de todo el Estado y con lo que han hecho ustedes en los últimos años ha empeorado la situación. Nos preocupa especialmente la tasa de actividad, del 50,5%, nueve puntos por debajo de la medida estatal». Mostró su preocupación por la baja calidad y los bajos salarios del empleo que se está creando -«casi dos tercios de la población asturiana ya gana menos de 1.200 euros», afirmó- y expresó su convencimiento de que para revertir esa situación es preciso «el abandono de las políticas de austeridad. Echamos en falta jna política económica con mayor responsabilidad social».

La parlamentaria gijonesa puso el acento en los elevados niveles de emigración juvenil y recordó que, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca de 40.000 personas de edades comprendidas entre los 21 y los 40 años abandonaron nuestra comunidad autónoma en los últimos años. Y si ahora se ve reducido ese éxodo, aclaró, es porque «cada vez queda menos gente para irse». Frente a eso, «no hemos conocido ninguna medida del Gobierno asturiano para favorecer el retorno de talentos».

Lorena Gil también preguntó a Blanco por el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa), que «actualmente languidece», pues sólo pasaron por él el 2% de los contratos firmados en Asturies en 2014. Quiso saber si el nuevo consejero va a seguir la línea de su predecesor, Graciano Torre, que sólo abrió las puertas de la concertación social «a los sindicatos mayoritarios y llegó a negarse a recibir a asambleas de trabajadores que no procedían de las dos grandes centrales sindicales». Pidió que se reconozca asimismo como interlocutor en la concertación social a los colectivos de trabajadoras y trabajadores autónomos, un régimen en el que trabajan cerca de 75.000 personas en nuestra comunidad autónoma. En cuanto a la Sociedad Regional de Promoción del Principado, Lorena Gil apuntó que «nos preguntamos por qué no siempre cumple su función y no ha apoyado de manera proactiva a empresas en lucha como el Hotel León o el Matadero Central de Noreña. Se trata de empresas rentables en las que el empresario decidió irse pero que pese a ello siguen siendo proyectos viables».

La parlamentaria de Podemos Asturies preguntó además al consejero qué medidas tiene previstas para hacer frente a «las redes clientelares y de corrupción, que están limitando el desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma» y sobre las fundaciones y empresas con participación del Principado en cuya gestión «hay sombras». Denunció el dispendio de la planta regasificadora de El Musel, con un coste de 380 millones de euros «que está pagando la ciudadanía a través de las facturas del gas y de la luz». Preguntó al respecto si «tienen ustedes algún plan y si alguien va a asumir responsabilidades políticas por la construcción de esta planta innecesaria».