Según recuerda el Ministerio Público en una nota de prensa, los diez identificados, participantes del colectivo La Madreña y del movimiento del 15M ocuparon en noviembre de 2011 el edificio con el objetivo de hacer de él un centro social autogestionado. Tras varios años de ocupación, la empresa pública Sedes, propietaria del inmueble, procedió a su demolición el pasado diciembre.

   "A sabiendas de que no habían solicitado ni contaban con ninguna autorización del propietario, se introdujeron en él y colocaron carteles en las ventanas y vallas de la finca con las leyendas "okupación temporal", "espacio libre 15 M", "un desahucio una okupación", "garra lo que ye tuyo" y otras similares", refleja el documento de la Fiscalía.

   Después de varias ocasiones en las que la Policía Nacional entró en el edificio a identificar a los ocupantes y a instarles a que se fueran, el colectivo de personas, sin solicitar ni obtener ningún permiso del titular del edificio, comenzó a realizar en él, de forma permanente y continuada, reuniones, charlas y otras actividades a las que acudieron personas diversas.

   La Sección Tercera de la Audiencia Provincial ordenó, por auto de 29 de abril de 2014, como medida cautelar, el desalojo, precinto y clausura del inmueble. El 3 de junio de 2014, funcionarios de la Policía Nacional acudieron a materializar el desalojo del inmueble, encontrándose la valla de acceso cerrada con una cadena y la puerta principal de entrada al edificio cerrada y reforzada desde el interior por palés de construcción, tablas clavadas y otros enseres, los cuales tuvieron que derribar.

   Una vez en el interior, se dirigieron a la segunda planta, encontrándose que el acceso igualmente estaba bloqueado con armarios y tablas clavadas. Tras lograr la apertura, hallaron en su interior a cinco de los acusados, únicos miembros del colectivo ocupante que quedaban en el inmueble.

   La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de usurpación del artículo 245.2 del Código Penal y solicita que se condene a cada uno de los acusados a la pena de multa de 4 meses, a razón de 12 euros al día (1.440 euros), con responabilidad personal subsidiaria en caso de impago.