La crisis que se ha generado con la llegada a los países europeos de miles
de refugiados y refugiadas que huyen de la guerra ha puesto a prueba el
compromiso con los derechos humanos de nuestras instituciones. Sigue
incrementándose el número de personas que están llegando a la Unión Europea
en busca de una protección legítima, sin que se hayan adoptado decisiones
adecuadas desde una perspectiva jurídica y humana. Y, correlativamente, cada
vez son más las personas que han perdido su vida en situaciones dramáticas,
entre ellas niñas y niños, mujeres y hombres.

La pasividad y actuación tardía de las instituciones europeas ha contrastado
con una respuesta ciudadana concienciada que ha mostrado su solidaridad con
las personas que solicitan asilo y su indignación por no haberse impedido
numerosas tragedias personales, en unos desplazamientos hasta nuestro
continente que conllevan unos riesgos evidentes. En concreto, nuestro
Gobierno no ha sabido estar a la altura de las circunstancias para defender
una gestión global europea en materia de asilo que diera solución a esta
crisis. Al contrario, se ha mostrado muy poco dispuesto a asumir sus
obligaciones jurídicas y las medidas propuestas por los organismos
internacionales.

Desde Jueces para la Democracia debemos recordar a nuestras instituciones
que la protección de las personas refugiadas no es una cuestión de caridad
de carácter opcional, sino un asunto referente a la protección de los
derechos que tiene contenido obligatorio. Los derechos humanos también deben
respetarse en nuestras fronteras. Y, por supuesto, cuando cualquier persona
solicita asilo dentro de nuestro país. Los deberes legales del Estado
español vienen impuestos por haber ratificado la Convención de Ginebra de
1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y el protocolo de Nueva York, por
lo que debe respetar el derecho de asilo de las personas que sufren
persecución en su país.

En consecuencia, solicitamos un plan europeo global, a partir de los
criterios generales de la ONU. Y ello debería complementarse con una
planificación interna coordinada por el Gobierno español junto a las
restantes instituciones del país, para asegurar una acogida adecuada que
cuente con recursos públicos suficientes y también haga operativas las
iniciativas ciudadanas de solidaridad. También reclamamos que se establezcan
fórmulas efectivas para que las personas refugiadas puedan pedir asilo en
las embajadas y organismos diplomáticos más cercanos a sus países, con
expedición de visados humanitarios, sin que tengan que poner su vida en
peligro con travesías especialmente peligrosas. Dicha medida garantizaría de
manera efectiva sus derechos y acabaría con gran parte del tráfico de seres
humanos en estas circunstancias.

Consideramos que deben modificarse las políticas europeas de migración y
asilo, en especial el sistema Schengen y los reglamentos de Dublín. Resulta
indispensable la suspensión urgente de la disposición del Reglamento III de
Dublín que obliga a los solicitantes de asilo a regresar a su lugar de
entrada. Y debería avanzarse hacia una actuación europea uniforme, para que
todos los estados apliquen los mismos requisitos y procedimiento, pues no es
aceptable un marco en el que la disparidad de normas nacionales sigue
agravando los problemas. En todo caso, se debería abordar con rigor el
origen de todas estas situaciones, a través de la ayuda humanitaria y
financiera necesaria a los países afectados por el conflicto bélico, así
como con el impulso de la Unión Europea para que se celebren negociaciones
de paz bajo la dirección de la ONU.

Desde Jueces para la Democracia nos adherimos públicamente al movimiento de
solidaridad que está recorriendo nuestro país y otros estados europeos.
Queremos recordar que en España cientos de miles de personas tuvieron en el
pasado la condición de personas refugiadas y fueron acogidas en otros
lugares, al huir de las consecuencias de la guerra y de la represión. No
podemos ser indiferentes ante estas situaciones, ni tampoco ante las
vulneraciones de derechos humanos. Están en juego valores básicos de nuestra
civilización. Por ello, reclamamos al Gobierno español y a las instituciones
europeas que cumplan con sus obligaciones jurídicas. Y que muestren una
mayor determinación ante tragedias que afectan de forma muy directa a la
dignidad humana.