La vicealcaldesa de Oviedo, Ana Taboada, y el Concejal de Economía y Empleo, Rubén Rosón, han informado este jueves de que, el pasado 19 de agosto, Agentes de Aduanas acudieron al Ayuntamiento de Oviedo para retirar una docena de expedientes relacionados con la Unión Temporal de Empresas (UTE) de la que formaba parte Aquagest y el proceso de contratación de la recaudación de los impuestos municipales que involucraba a la empresa.

   Ana Taboada ha explicado que la magistrada Pilar de Lara, del Juzgado de instrucción número 1 de Lugo, que investiga el 'caso Pokemon', realizó una petición formal de documentación a la Intervención General. La vicealcaldesa de Somos ha apuntado a la vinculación del ex alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, con la trama corrupta a través de la firma de un convenio "singular" y de "manera personal" con Aquagest cuando era Concejal de Economía en el año 2009.

   Para Taboada, esta orden de la magistrada señala que "hay indicios" de que la firma del convenio entre Caunedo y el gerente de la empresa, puede ser un comportamiento "presuntamente delictivo", de "prevaricación", por parte del ex alcalde del Partido Popular.

   Esta vinculación de Iglesias Caunedo con la "Trama del agua", ramificación asturiana del Caso Pokemón, a través del pago de una serie de viajes al ex alcalde por parte de Joaquín Fernández ya fue denunciada por los concejales de Somos el pasado mes de agosto. A estas acusaciones el ex alcalde manifestó que los viajes los abonó de su bolsillo y que la empresa no había tenido ninguna adjudicación en Oviedo en el momento en que él era responsable político.

    Según los concejales de Somos Oviedo, la documentación solicitada por la jueza demuestra que Aquagest si mantuvo una relación contractual con el consistorio ovetense y que la firma de este convenio benefició a la compañía en una cantidad superior a 500.000 euros.

   Ruben Rosón ha explicado que esta "fórmula inédita" de tramitar un expediente en el Ayuntamiento significó la devolución a Aquagest de 403.000 euros del fondo de garantía por le contrato de gestión de la recaudación de los impuestos municipales. A esta cantidad se le unió la exención del pago de 166.000 euros que el ayuntamiento reclamaba a la compañía por no haber acometido las obras de saneamiento especificadas en el contrato firmado y una serie de cursos de formación.

   Para Rosón, la firma del convenio por parte de Caunedo fue la forma de eludir las "dificultades" por los dos vetos consecutivos que la Junta de Gobierno, en febrero y junio de 2009, a la exención del abono de los más de 100.000 euros que reclamaba el ayuntamiento por el incumplimiento del contrato.

   Los concejales han considerado insuficientes las explicaciones dadas hasta ahora por Caunedo y han exigido que presente las facturas de los viajes que realizó entre 2008 y 2011 con Joaquín Fernández, investigado por su papel como representante de la empresa Aquagest en la denominada 'Trama del agua'.

   La firma de este convenio "singular" significó que la empresa retirara un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento en el que solicitaba el reintegro de los 400.000 euros del fondo de garantía del contrato firmado con la ciudad, ha explicado Taboada.

   Como conclusión Ruben Rosón ha exigido a Agustín Iglesias Caunedo que presente las facturas de los viajes que realizó en las fechas cuando se firmó el convenio y que aclare las razones de su firma cuando supuso la pérdida de más de 500.000 euros de los impuestos de los ovetenses. En el caso de que las explicaciones no sean convincentes ha exigido también que renuncie a su acta de concejal antes de que llegue una imputación de la magistrada Pilar de Lara que "manche" el nombre del Consistorio ovetense.