El PP pide que la supresión se realice en un periodo máximo de tres años. Tercero y que se inicie el 1 de enero de 2016, con una reducción del tipo impositivo en al menos un 30%.

   González argumenta que desde la revisión catastral de 2008, la valoración que las administraciones públicas hacen de los bienes inmuebles de todos los gijoneses "no ha hecho más que subir". Esa subida, que "difiere radicalmente" del precio de mercado, tiene varias consecuencias "muy negativas" para la economía de los ciudadanos, al incrementarles anualmente los impuestos de manera automática, según explica el PP.

   El concejal ha explicado que durante los años de mayor fuerza de la crisis económica, Impuestos como el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles) o la Plusvalía (Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana), han aportado a las arcas municipales más de 120 millones de euros adicionales a la recaudación habitual.

   "Y esta situación, perjudicial en si misma, se ha visto agravada por el propio carácter de los impuestos, nada progresivos, que no tienen en cuenta la situación de renta de los ciudadanos, siendo especialmente perjudicial para aquellos que tienen menos renta, menos ingresos", ha añadido.

   Además, ha apuntado que en relación con la Plusvalía, los tribunales han comenzado a pronunciarse sobre el asunto, dejando exentos de tributación a aquellos casos en los que no ha existido incremento real del valor.