Francisco del Busto reclama que se dejen de vincular los derechos sanitarios de los ciudadanos al aseguramiento

  “El decreto de Rajoy es una medida profundamente regresiva desde el punto de vista humanitario, de salud pública y sanitario”, señala

El consejero de Sanidad, Francisco del Busto, exige al Gobierno de Mariano Rajoy que recupere la universalidad de la atención dentro del sistema público de salud, deje de vincular los derechos sanitarios de los ciudadanos al aseguramiento y no se conforme con buscar “soluciones parciales y electoralistas” a un problema que estaba resuelto hace años. “El Gobierno tiene que recuperar la universalidad del Sistema Nacional de Salud, derogando el injusto Real Decreto 16/2012, que quebró su universalidad y lo convirtió en un sistema de aseguramiento”, señala.

Del Busto ha recordado que en 2012, como consecuencia de esta norma, Asturias y Andalucía tuvieron que establecer una regulación especial propia para poder prestar este servicio básico a los ciudadanos a los que el PP había excluido de la atención sanitaria. Esta decisión fue secundada posteriormente por casi todas las comunidades, incluso algunas gobernadas por el PP, que tomaron medidas parecidas.

El Gobierno de Asturias siempre ha defendido la cobertura sanitaria universal y ha rechazado cualquier tipo de listas excluyentes. También ha apoyado la derivación a los centros de referencia nacional de los pacientes que lo necesiten, compensando los gastos a través de los fondos de cohesión. “Un fondo que tristemente casi ha desaparecido por otra toma de decisión unilateral e injusta del Gobierno de Mariano Rajoy, que abandona una vez más su papel de regulador”, señala el titular de Sanidad.

En líneas generales, esta será la posición que defenderá Asturias en la Comisión de Aseguramiento y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, que se reunirá el próximo miércoles en Madrid para analizar la devolución de la atención sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, a los que el Gobierno central dejó sin esta prestación. A juicio del consejero, es lamentable que el Ejecutivo de Rajoy “siga empeñado en mantener un sistema sanitario excluyente, basado en el aseguramiento, y que deja fuera a los inmigrantes en situación irregular, pero también a los parados de larga duración o a los jóvenes españoles que retornan a  nuestro país después de un periodo de trabajo en el extranjero”.

“La medida que adoptaron en su momento es profundamente regresiva desde el punto de vista humanitario, de salud pública y sanitario. Además, carece de justificación en el gasto que supone y se basa en cuestiones meramente ideológicas”, explica.

El principio de universalidad del derecho a la atención sanitaria en España se recoge en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, el Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril quiebra esta norma al establecer que sea el Instituto Nacional de la Seguridad Social el que asuma el reconocimiento y control de la condición de asegurado o beneficiario.

Esta decisión también contradice la Ley General de Salud Pública, que establece un compromiso de equidad en salud y de reducción de desigualdades en la atención a la población. Esta normativa especifica que “los servicios sanitarios resultan imprescindibles para dar respuesta a los problemas de salud de la colectividad, pues consiguen atenuar los perjuicios de las enfermedades y permiten que se pueda recobrar la salud perdida y mejorar la calidad de vida de las personas enfermas”.