Asturias.-Tras la reunión mantenida esta tarde en el Parlamento asturiano con Luis Babiano, gerente de la
Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), y con
María Giménez, parlamentaria autonómica de Podemos Murcia y activista de la Red Agua Pública, la
diputada Rosa Espiño y los diputados Daniel Ripa y Héctor Piernavieja anunciaron que Podemos
Asturies impulsará el Pacto Social por el Agua en la Junta General del Principado y pedirá al Gobierno
asturiano y a los ayuntamientos que implementen un modelo de gestión público y democrático en
toda la comunidad autónoma.

El manifiesto, promovido por AEOPAS junto a cerca de tres centenares de organizaciones
sociales, considera el agua un derecho humano universal que debe ser preservado, por lo que
reivindica un modelo de gestión pública. En nuestra comunidad autónoma la privatización del agua ha
acarreado situaciones de corrupción tan sonados como el ‘caso Pokemon’. En este sentido, Daniel
Ripa señaló que “no hay democracia si el agua puede ser un objeto de negocio para unos pocos”.
Héctor Piernavieja añadió al respecto que “es fundamental para la democracia y para el Estado de
bienestar que la gestión del agua sea pública”.

Luis Babiano informó de que el Pacto Social por el Agua está siendo asumido y aprobado en
municipios como Vitoria-Gasteiz, Sevilla, Ferrol, Toledo o Cádiz. Añadió que “si de verdad queremos
que el reconocimiento del agua como derecho humano sea una realidad necesitamos el apoyo de la
mayoría de los sectores social, incluidas las fuerzas políticas”.

Para María Giménez, es necesario y urgente reconocer por ley el derecho a un “mínimo vital”
que garantice el acceso al agua para una vida digna. En este sentido, la parlamentaria de Podemos
Murcia y activista social considera el Pacto Social por el Agua ha de formar parte de una hoja de ruta
urgente “para conseguir frenar los impactos sociales que la privatización está suponiendo sobre los
derechos ciudadanos”.

El Pacto prevé, entre otras, que los ingresos que se obtengan por el cobro de tarifas a las
usuarias y usuarios se destinen íntegramente a sufragar los costes del servicio y a inversiones
relacionadas con el mismo, para que el agua no se convierta en una fuente de negocio.