Madrid (E.P.).-El último proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) del Gobierno de Mariano Rajoy ha recibido el 'no' de todos los partidos de la oposición parlamentaria salvo Unión del Pueblo Navarro (UPN) --socio electoral del PP--, que han registrado hasta trece enmiendas de totalidad en el Congreso pidiendo la devolución del texto al Gobierno.

   Como ya sucedió el año pasado, la oposición cree que las cuentas se basan en proyecciones macroeconómicas irreales, que mantienen las medidas de austeridad y recorte a pesar de la recuperación de la que habla el Ejecutivo, y que priman el pago de la deuda a otros gastos sociales más necesarios, como las pensiones o las prestaciones por desempleo.

   Además, con carácter general las formaciones critican las asfixia financiera a las comunidades autónomas, a pesar de que son las que soportan la mayor parte del gasto social.

   Junto con todo ello, la decisión de tramitar las cuentas en pleno agosto para conseguir dejarlas aprobadas antes de la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales a final de año ha granjeado reproches sobre el electoralismo del Gobierno e incluso su falta de legitimidad democrática para sacar adelante el Presupuesto.

QUE LAS DEFIENDA RAJOY

   Así las cosas, los socialistas consideran que estas cuentas "son malas para España" porque mantienen la austeridad y los recortes, "no apoyan la recuperación" y son "insolidarios" con los más desfavorecidos, mientras conceden un "regalo fiscal" de más de 5.000 millones a las clases altas.

   Por todo ello, el principal partido de la oposición avisa de que modificarán la ley si ganan las generales de diciembre. Además, retan a que sea Mariano Rajoy, y no Cristóbal Montoro, quien los defienda ante la Cámara Baja dado que los está utilizando, acusan, como plataforma electoral. De hecho, será el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien intervenga en el Pleno de la próxima semana.

   La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), por su parte, considera que las cuentas no sirven a los intereses de la mayoría social sino únicamente a los mercados y a la troika, y opina que el Gobierno "no debería presentar un Presupuesto sino su dimisión y convocar elecciones".

   Además, su portavoz económico, Alberto Garzón, reclama "más protagonismo" del gasto público para impulsar la recuperación, más gasto social en materias como educación, sanidad, dependencia o prestaciones por desempleo; y una recuperación del mercado de trabajo más justa y que acabe con la precariedad y la temporalidad.

   La portavoz parlamentaria de UPyD, Rosa Díez, explicará el rechazo a unas cuentas que la formación magenta ve como el "brindis al sol" de un Gobierno "agónico" que, pese al "triunfalismo" que transmite sobre la recuperación económica, mantiene una política "continuista" con los recortes e "insolidarios" con las clases más castigadas por la crisis, mientras "sigue alimentando el despilfarro" autonómico.

CASTIGO A CATALUÑA

   Los nacionalistas catalanes de Convergència (CDC), por boca de Pere Macias, argumentarán en el debate que los Presupuestos son "antisociales" e "injustos" con Cataluña y mantienen la "obsesión centralizadora" del Gobierno de Rajoy, al que acusan de orquestar "una comedia orientada a confundir a los ciudadanos" y de impedir cualquier cambio de modelo productivo.

   Por su parte, Unió Democrática de Catalunya (UDC) ve las cuentas "electoralistas" y critica que se vuelve a "maltratar" a Cataluña y no se apuesta por un cambio de modelo productivo, lo que, a juicio de su portavoz económico, Josep Sánchez Llibre, "perjudica" a todo el país.

   En la misma línea, el diputado de ERC Joan Tardà acusará un año más al Gobierno de "expoliar" a Cataluña y de "desguazar" el Estado social con su propuesta de Presupuestos, que considera un "fraude" a la Democracia por su forma de tramitación, que responde únicamente a la "conciencia del PP de que perderá su mayoría absolutísima" tras las generales.

    Similares argumentos utilizará el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, para defender la enmienda de totalidad de su grupo, que rechaza "de forma total y contundente" unas cuentas aprobadas justo antes de unas elecciones generales y sin contar con la información económica suficiente para calcular con solvencia las proyecciones macroeconómicas, y que además destinan al principal proyecto de inversión en el País Vasco --la 'y' ferroviaria-- una cantidad insuficiente para acabarlo en el plazo marcado.

MALTRATO A LAS COMUNIDADES

   De hecho, las diferentes formaciones del Grupo Mixto apelan con carácter general al maltrato que sufren sus respectivas comunidades autónomas de referencia en las cuentas del Estado. Así, Amaiur por ejemplo cree que las cuentas para 2019 "dan la espalda a la realidad social, política y económica" del País Vasco y del resto del país y que sólo se preocupan por "los intereses de las grandes empresas y los grandes grupos financieros".

   Coalición Canaria-Nueva Canarias (CC-NC) cree que el proyecto de ley es "injusto, insuficiente y muy alejado de lo que Canarias necesita", y destacan que la recuperación económica "de la que presume el PP no tiene su reflejo" en las partidas asignadas al archipiélago ni en la inversión, que "sigue estando enormemente alejada" de la media nacional.

    Igualmente, Foro Asturias (FAC) cree que los Presupuestos son "electoralistas" y "muy lesivo" para los intereses del Principado, y que la única intención del Ejecutivo 'popular' es "ponerse la venda en la herida que va a suponer la pérdida de la cómoda mayoría absoluta de esta legislatura que termina".

   Geroa Bai, por su parte, considera que el Gobierno ha elaborado unos Presupuestos "alejados de la realidad, con unos ingresos totalmente inflados y pensando más en los intereses electorales y partidistas del PP que en la verdaderas necesidades de las personas". Además, cree que "castigan una vez más a Navarra".

RESTO DEL CALENDARIO

    La docena de enmiendas de totalidad que se registrarán se debatirán en el Pleno del Congreso los días 25 y 26 de agosto, con la intervención inicial del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para defender el proyecto de ley.

   Las enmiendas parciales, por su parte, se deberán registrar antes de las 14.00 horas del viernes 28 de agosto y la Ponencia incorporará las que considere pertinentes entre el 2 y el 3 de septiembre, de modo que el resto se debatirán en Comisión durante la semana del 7 al 11 de septiembre, fecha límite para dar luz verde al dictamen que será elevado al Pleno.

   Allí, los diferentes ministros irán defendiendo uno a uno las cuentas de su departamento durante la semana del 14 al 16 de septiembre, en una sesión plenaria que concluirá con las votaciones y el mandato de remitir el texto resultante al Senado, donde deberá repetirse la misma tramitación.

   En principio, la previsión es que la Cámara Alta deje finiquitados los Presupuestos en la semana del 13 al 15 de septiembre, un mes después de recibirlos, y cualquier modificación que se haya introducido en el Senado deberá ser ratificada por el Congreso, lo que ocurrirá previsiblemente en un Pleno que se celebrará el jueves 22 de octubre, dejando así aprobados los Presupuestos de 2016 antes de la disolución de las Cortes por la convocatoria de elecciones generales.