Washington, D.C. – La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el asesinato del reportero gráfico Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera Pérez y otras tres mujeres que se encontraban junto a ellos, ocurrido el 31 de julio en el Distrito Federal de México, e insta a las autoridades mexicanas a actuar de manera pronta y oportuna para investigar el crimen e identificar y sancionar a los responsables.
 
De acuerdo a la información disponible, el fotógrafo Rubén Espinosa trabajaba en el estado de Veracruz para Proceso y las agencias Cuartoscuro y AVC Noticias, y era además un activista que exigía medidas para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las y los periodistas en ese estado.
 
En junio había decidido refugiarse temporalmente en el Distrito Federal, de donde era oriundo, tras recibir amenazas. En una entrevista reciente, Espinosa expresó su temor y relató un episodio en el que mientras cubría una manifestación de estudiantes, “una persona de la Ayudantía del Gobierno del Estado” de Veracruz se acercó  y le advirtió: “deja de tomar fotos si no quieres terminar como Regina”. Regina Martínez fue una periodista veracruzana asesinada en 2012. Espinosa había señalado además al gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, como responsable de la falta de libertad de expresión en ese estado. El fotógrafo había contado también incidentes recientes de acoso y vigilancia.
 
El cadáver fue hallado en un apartamento del barrio Narvarte junto a los cuerpos de cuatro mujeres, informó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que investiga el caso. Una de las asesinadas era Nadia Vera Pérez, activista del movimiento estudiantil #YoSoy132 en Xalapa (Veracruz), según informaron medios de prensa locales. En una entrevista difundida ocho meses atrás, Vera Pérez había responsabilizado a Duarte de Ochoa “y a todo su gabinete” de “cualquier cosa” que le pudiera suceder a quienes participan en movimientos sociales: “son directamente los que están mandando a reprimirnos”, dijo.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México reprobó los asesinatos y demandó investigar si el homicidio de Espinosa está vinculado con su profesión. El hecho también fue repudiado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
 
Según la información aportada por el Estado mexicano, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión se interesó por el hecho, “ha mantenido estrecha comunicación” con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, que lidera la investigación “debido a las circunstancias del caso”, y “ha ofrecido su total apoyo”.
 
La Relatoría manifiesta especial preocupación por la reiteración de este tipo de actos violentos contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación en México. En 2014 fueron ocho los comunicadores asesinados en el país presuntamente vinculados al ejercicio de su libertad de expresión y este año, contando el de Espinosa, se han registrado cinco casos.
 
El estado de Veracruz, al sur de México, del que se desplazó Espinosa tras denunciar haber sido amenazado, es de los más peligrosos para ejercer el periodismo en ese país. Este año fueron asesinados en esa zona los periodistas José Moisés Sánchez Cerezo, Armando Saldaña Morales y Juan Mendoza Delgado, y reporteros del estado han denunciado amenazas y hostigamientos en numerosas ocasiones.
 
La Relatoría Especial exhorta a las autoridades a investigar de manera exhaustiva la hipótesis según la cual estos crímenes estarían asociados con el ejercicio de la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos, y a poner en práctica todos los instrumentos con los que cuentan para identificar, procesar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. También considera fundamental que se adopten medidas de reparación justas para los familiares de las víctimas.
 
La Relatoría Especial considera que se debe evaluar de manera urgente si deben activarse los mecanismos de atracción de manera que estos casos puedan ser investigados y judicializados de inmediato por las autoridades federales. Asimismo, considera esencial que se consolide el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y que se fortalezcan los mecanismos de coordinación interinstitucional entre las autoridades federales y los distintos niveles del gobierno para asegurar la adecuada adopción e implementación de las medidas de protección, especialmente para aquellos periodistas en situación de riesgo que debieron desplazarse.
 
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH señala: “[e]l asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
 
Cuando tales delitos quedan impunes, esto fomenta la reiteración de actos violentos similares y puede resultar en el silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras.