El Gobierno del Principado recurrirá la sentencia que desestima la reclamación al Gobierno de Rajoy de 53 millones de fondos mineros y contradice el criterio de la Audiencia Nacional 

• La sentencia se aparta del criterio seguido por el Juzgado Central número 4 y ratificado por la Audiencia Nacional en convenios similares

• El Gobierno del Principado tiene tres procedimientos de reclamación iniciados por importe de unos 334,6 millones

El Gobierno del Principado interpondrá un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional contra la sentencia del  7 de julio de 2015, emitida por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid, que ha desestimado la demanda realizada al Gobierno central para que aporte a Asturias 53 millones de euros de fondos mineros correspondientes a tres convenios reclamados por el Ejecutivo regional. Esta sentencia se aparta del criterio seguido por el Juzgado Central número 4 en su fallo de 28 de octubre de 2013, posteriormente ratificado por la Audiencia Nacional en otra sentencia de abril de 2014.

Ambas sentencias exigen a la Administración del Estado que cumpla con su obligación de pagar los más de 213 millones de euros en inversiones previstas en los convenios de 2011 de los fondos estatales para la reactivación de las comarcas mineras instándola a determinar, en cada caso, “las incidencias que concurran en la ejecución de los convenios de colaboración en litigio, con la identificación de posibles incumplimientos, a los efectos de establecer el pago de las cantidades que en su caso proceden, previa audiencia al Gobierno del Principado de las alegaciones y subsanación de las posibles deficiencias apreciadas”. En total, hay tres procedimientos de reclamación iniciados por el Gobierno asturiano, que elevan a unos 334,6  millones el dinero que el Gobierno del PP se niega a pagar a Asturias.

La decisión de recurrir ante la Audiencia Nacional ha sido anunciada hoy por los consejeros Guillermo Martínez y Graciano Torre –titulares de Presidencia y Economía, respectivamente - durante una rueda de prensa en la que han expresado su extrañeza por el fallo judicial toda vez que el Gobierno del Principado dispone de dos sentencias favorables en convenios similares que se contradicen con esta última: la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 y la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional.

Además, Martínez ha calificado de “especial relevancia” el hecho de que la segunda sentencia favorable  “emana de una instancia judicial superior al órgano que ahora dictó el segundo recurso, la Audiencia Nacional”. El consejero de Presidencia ha explicado que la Abogacía del Estado no ha presentado ningún nuevo argumento respecto al anterior recurso que justifique una sentencia diferente. Y ha añadido que existen motivos jurídicos “más que suficientes” para apelar ante la Audiencia Nacional ya que, entre otras cuestiones, el juzgado número 11 toma en consideración la doctrina de la sentencia de la Audiencia Nacional por similitud a este recurso, pero, pese a enjuiciarse un mismo tipo y naturaleza de convenios “se llega a conclusiones distintas al desestimar todas las pretensiones del recurso presentado por el Principado”.

El consejero de Presidencia ha subrayado que la Abogacía del Estado argumenta en las dos demandas que los convenios no generan para la Administración del Estado una obligación incondicionada de pago, dado su carácter de convenios de canalización de subvenciones directas y de naturaleza negocial, por lo que el pago sólo dependería de la evolución del “correcto cumplimiento de las obligaciones de ejecución y justificación por parte de la beneficiaria”. Sin embargo, la Audiencia Nacional ratificó, en 2014, que la Administración del Estado tiene la obligación de llevar a cabo las actuaciones de evaluación para determinar el pago de las cantidades en los convenios enjuiciados, previo traslado a la Administración del Principado para que pueda formular las oportunas alegaciones y subsanar las posibles deficiencias apreciadas. Esta sentencia concluye, además, que la Administración del Estado ni cumplió con las obligaciones de pago ni ha realizado las actuaciones de evaluación del correcto cumplimiento de las obligaciones de la Administración del Principado de Asturias.

Por el contrario, la sentencia de julio de 2015, que desestima el segundo recurso presentado por el Principado, pese a tomar como referencia el fallo de la Audiencia Nacional, omite los argumentos esgrimidos en el mismo.

Por tanto, la diferencia está en las distintas consecuencias jurídicas que atribuye a la naturaleza jurídica de los convenios como “canalización de subvenciones directas”. Así, la última sentencia sólo se centra en las obligaciones de la Administración del Principado de Asturias como beneficiaria de la subvención, obviando por completo las de la Administración del Estado, mientras que la sentencia de 28 de octubre de 2013 del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid examina los incumplimientos previos en los que incurre la Administración del Estado, relativos a las obligaciones de pago y evolución fijadas en los convenios.

Desde el inicio de la legislatura pasada el Gobierno asturiano se ha visto obligado a recurrir a los tribunales para reclamar las cantidades pendientes de los fondos mineros. La vía judicial se inició cuando el Gobierno de Mariano Rajoy, en su primer Consejo de Ministros, celebrado el 30 de diciembre de 2011, decidió suprimir el pago de las inversiones de los fondos ya programadas, adjudicadas e, incluso, iniciadas. En muchos casos con el dinero adelantado por el Gobierno del Principado. Una decisión injustificada que ha puesto en peligro inversiones programadas en 2011 y 2012 por más de 266,4 millones.

En el recurso ahora desestimado se solicita al Gobierno de Rajoy el cumplimiento de todas sus obligaciones pendientes en la ejecución de iniciativas y proyectos acogidos a los fondos mineros. En concreto, se exige el cumplimiento de los  convenios caducados en 2012 que son:

-Soterramiento de las vías de FEVE en Langreo, con un presupuesto de 50.045.549 euros. La financiación del 100% de este convenio corre a cargo de la Administración General del Estado.

-Ejecución del proyecto de construcción de  piscina en San Julián de Bimenes, por importe de 1.625.272 euros. La financiación del 100% del convenio corre a cargo de la Administración General del Estado.

-Ejecución del proyecto de aparcamiento subterráneo de Oñón, en Mieres, por importe de 1.699.869,80 euros, cuya financiación global corresponde a la Administración General del Estado.

Este fue el segundo procedimiento judicial iniciado por el Gobierno del Principado por incumplimiento, por parte del Ejecutivo central, de los convenios que financiaban iniciativas de desarrollos económicos y equipamientos en las comarcas mineras.

En el primer procedimiento, el Ejecutivo asturiano reclamó el pago de los convenios caducados en 2011 con un presupuesto global de 213.056.914,9 euros. Este recurso fue resuelto por el juzgado central número 4 en octubre de 2013. La sentencia también establece que el Ejecutivo central debe atender los planteamientos del Principado, para acreditar el grado de ejecución de los proyectos de los fondos mineros.

En abril de 2014, la Audiencia Nacional desestimó el recurso de apelación de la Abogacía del Estado, confirmando la sentencia que obliga al Ministerio de Industria a llevar a cabo las actuaciones de evaluación para determinar el pago de las cantidades de los convenios enjuiciados, previo traslado a la Administración del Principado para que pueda formular las oportunas alegaciones y subsanar las posibles deficiencias.

El pasado mes de febrero de este mismo año, el juzgado exigió al Gobierno de España, de forma clara y contundente, que no dilatara más el cumplimiento del derecho del Principado a cobrar las obras acogidas al Plan del Carbón, reclamando al Ejecutivo central, además, que “se abstuviera de realizar cualquier acto que sea contrario de la sentencia”. De esta forma, ratificaba la reclamación del Gobierno del Principado ante la negativa del Ministerio de Industria a cumplir el fallo, desoyendo a los tribunales e incluso reclamando a Asturias la devolución del dinero invertido y rechazando el pago de obras ya concluidas.

El consejero de Presidencia ha expresado el propósito del Ejecutivo asturiano de continuar el proceso abierto para la ejecución del primer recurso que cuenta, hasta la fecha, “con todos los pronunciamientos favorables al Gobierno del Principado”. En este sentido, ha señalado que el pasado 28 de mayo tuvo lugar una reunión entre el Instituto del Carbón y el Ejecutivo regional, convocada por el ministerio, que supone “el inicio de una serie de encuentros para analizar el cumplimiento de la sentencia”.