La Cámara de Senadores avaló una minuta de la colegisladora que sanciona a quien con fines de lucro o sin él contrate o publique en medios impresos o electrónicos publicidad que promueva la trata de personas.

La Cámara de Senadores avaló una minuta de la colegisladora que sanciona a quien con fines de lucro o sin él contrate o publique en medios impresos o electrónicos publicidad que promueva la trata de personas.

Con esta modificación, la persona que contrate o publique mensajes en cualquier medio de comunicación y que se vincule directamente con la trata de personas, será sancionada conforme al artículo seis de esa misma ley.

Estas sanciones van de seis a doce años de prisión a quien cometa el delito y de 500 a mil 500 días multa, así como de nueve a 18 años de prisión y de 750 a dos mil 250 días multa, si es en contra de una persona menor de edad o que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho.

Asimismo, se establece que dentro las acciones de la Comisión Intersecretarial estará  monitorear y vigilar que los anuncios no contravengan lo dispuesto en la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Los senadores estimaron necesario aplicar esta reforma para instrumentar medidas que inhiban la promoción, difusión y facilitación de esta práctica delictiva que lastima a los grupos más vulnerables de la sociedad.

Por ello, celebraron que de esa manera se constituya un marco legal que propicie la defensa más eficaz de la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales, cerrando todos los espacios posibles que sirvan de cultivo a la impunidad.

Antes de aprobarse el dictamen, el senador panista por Querétaro, Guillermo Tamborrel Suárez, manifestó que la trata de personas contempla dos conductas inaceptables para la sociedad: la explotación laboral y sexual.

Explicó que esta reforma busca acabar con este terrible mal y que de ningún modo afecta la libertad de expresión ni el derecho de manifestación de ideas de cualquier persona, porque se trata de actividades delictivas.

Al respecto, el senador panista Santiago Creel Miranda sostuvo que la trata de personas es un delito “aberrante” y de los más graves, ya que implica secuestro, violación y sumisión para explotar a una persona sexual o laboralmente.
“Es un delito que nos lleva a una conducta que podría asemejarse a una muerte lenta con tortura”, subrayó.

México - -agregó- - es un país de tránsito, origen y destino en materia migratoria, por lo que se tiene que poner toda la atención y cuidado para buscar bloquear cualquier instrumento o medio que facilite este crimen.

La senadora por el PRI, Norma Esparza Herrera, mencionó que este tipo de publicidad es de fácil acceso pues sólo basta comprar el periódico, por lo que es indispensable aprobar medidas regulatorias necesarias para abatir este grave delito.

Advirtió que la reforma permitirá traducir en acciones concretas el combate a la trata de personas y así cumplir con el deber de velar por los intereses de la población.

Por el PRD, el senador Rubén Velázquez López explicó que las millonarias ganancias de esta industria se deben en buena parte a la practicidad de las nuevas tecnologías de información donde la pornografía se esconde en anuncios publicitarios que dificultan su persecución.

México --dijo-- es el segundo mayor productor de pornografía infantil, por lo que es necesario fomentar estas modificaciones no sólo a nivel federal sino también en cada entidad y así proteger el interés superior de la niñez y su libre desarrollo. 

En su oportunidad, el senador Tomás Torres Mercado manifestó que México, no solamente derivado de sus compromisos internacionales, sino por convicción propia, tiene el deber de atacar las conductas antisociales que más afectan los valores fundamentales de vida.

En materia de trata de personas --indicó el legislador perredista- - la conducta ilícita afecta la libertad de las personas con relación a lo más íntimo, “a su derecho a la intimidad, al ejercicio, incluso, de la libertad sexual y de realizar un trabajo de manera libre y espontánea”. 

Aprobado con 67 votos, el dictamen se remitió al Ejecutivo federal para efectos constitucionales.