El Gobierno en funciones destina 2,6 millones a los Centros Especiales de Empleo

El Gobierno en funciones destina 2,6 millones a los Centros Especiales de Empleo

La Consejería de Sanidad dispondrá de 298.000 euros para poner en marcha varios programas de actuación contra las adicciones

 

  • El Principado financiará con 95.000 euros el mantenimiento del centro de día para drogodependientes de Mieres

 

  • El Instituto Nacional de Silicosis destinará 150.000 euros al desarrollo de un proyecto relacionado con la seguridad minera y la prevención de enfermedades respiratorias

 

  • La Consejería de Presidencia y el Ayuntamiento de Oviedo retoman el convenio para la Oficina Joven, al que la Administración regional aportará 16.669 euros

 

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy una partida plurianual de 2.660.000 euros destinada a subvencionar la inserción laboral de las personas con discapacidad de los centros especiales de empleo durante el segundo semestre del año. Esta ayuda permitirá mantener los puestos de las más de 2.000 personas discapacitadas que trabajan en estos centros. El Principado, a través de la Consejería de Economía y Empleo, financiará hasta el 50% del salario mínimo interprofesional (SMI) de cada nómina.

 

Desde 2012, la Consejería de Economía y Empleo ha concedido subvenciones para financiar el coste laboral de los empleados con discapacidad de los centros especiales de empleo por un importe de 27,6 millones.

 

En Asturias funcionan alrededor de un centenar de centros especiales de empleo, que persiguen la integración laboral de personas con discapacidad, asegurándoles un empleo remunerado, de modo que al menos el 70% de la plantilla está constituida por discapacitados.

 

Estos centros pueden ser creados tanto por organismos públicos y privados como por empresas y adoptar cualquier forma jurídica de constitución, siempre que se sometan a la normativa que regula las condiciones de trabajo. En el Principado, el 90% han sido configurados como empresas, mientras que el 10% restante son entidades sin ánimo de lucro.

 

Autorizados cuatro convenios para frenar la drogodependencia y mejorar la salud laboral por un importe de 543.000 euros

Por otra parte, Consejo de Gobierno ha dado hoy luz verde a la firma de cuatro convenios que tienen como objetivo frenar la drogodependencia y mejorar la salud laboral, por un importe global de 543.000 euros.

 

Así, el Ejecutivo regional ha autorizado la suscripción de un convenio con el Ministerio del Interior, a través de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por el que la Consejería de Sanidad recibirá 298.000 euros para sufragar varios programas de actuación contra las adicciones. De esta cantidad, 140.000 irán destinados al desarrollo de programas de tratamiento de la adicción a la cocaína y otros psicoestimulantes, 36.000 al programa socioeducativo dirigido a mujeres consumidoras, exconsumidoras o en riesgo de consumir drogas y con menores a su cargo, y 122.000 al programa de intervención contra el alcoholismo.

 

Asimismo, se ha acordado la firma de un convenio con el Ayuntamiento de Mieres por el que el Principado destinará este año 95.000 euros al mantenimiento del centro de día para drogodependientes del concejo, que comenzó a funcionar en 2012. El equipamiento cuenta con una capacidad mínima de 15 plazas, ocupadas preferentemente por usuarios en tratamiento sustitutivo con metadona y en situación de exclusión social. Los usuarios reciben en el centro tratamientos farmacológicos supervisados y acceden a diferentes programas de educación para la salud, psicoterapia, prevención, y apoyo para la formación y la búsqueda de empleo.

 

Proyecto del Instituto Nacional de Silicosis

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo suscribirán un convenio por el que el Instituto Nacional de Silicosis (INS), centro de referencia nacional de prevención técnico-sanitaria de las enfermedades profesionales que afectan al sistema cardiorrespiratorio, recibirá 150.000 euros para el desarrollo de un proyecto relacionado con la salud y la seguridad minera, especialmente en el ámbito de la industria extractiva y la cantería, con cinco líneas de actuación: 

 

  1. Elaborar programas a escala nacional para detectar, reconocer y caracterizar el riesgo en relación con la seguridad y la salud de los trabajadores, llevar a cabo actuaciones para controlar y prevenir el polvo, el ruido y las vibraciones en minería subterránea y a cielo abierto, así como en lo referente a condiciones ambientales e higiene ambiental, además de colaborar en la capacitación y formación técnica de profesionales.

 

  1. Campañas de asesoramiento, asistencia técnica, vigilancia y control de explotaciones mineras para la prevención de la silicosis.

 

  1. Elaboración de guías de aplicación de requisitos reglamentarios para la prevención de la silicosis.

 

  1. Estudio sobre la bajada, en el ámbito de la industria extractiva, del valor límite ambiental de exposición diaria (VLA-ED) para la sílice cristalina respirable de 0,1mg/m3 a 0,05 mg/m3.

 

  1. Realización de estudios e informes relacionados con la exposición a agentes químicos y metodologías de medición en el sector de la industria extractiva.

Este convenio permite continuar con la colaboración que el Sespa y el Ministerio de Industria mantienen desde 2002 para financiar diferentes programas relacionados con la prevención de enfermedades respiratorias, como los estudios epidemiológicos realizados por el INS en Extremadura, Galicia y León, o diferentes análisis sobre cómo afectan los ruidos y las vibraciones a la salud laboral de los trabajadores.

 

El Instituto Nacional de Silicosis, constituido como área de gestión clínica, aglutina toda el área clínico-quirúrgica de las enfermedades del tórax con las siguientes especialidades y disciplinas: neumología ocupacional, departamento técnico, área de fisiología respiratoria, neumología y cirugía torácica. Esas cinco secciones cuentan con 154 profesionales, de los que 33 son médicos: 24 neumólogos, 4 cirujanos torácicos y 5 alergólogos (tres del HUCA y dos del Hospital Monte Naranco).

 

Además de la actividad asistencial clínica en el campo de la neumología y de la cirugía torácica, el INS desarrolla funciones de prevención de enfermedades neumológicas de origen ocupacional y medioambiental, en especial de la neumoconiosis. También realiza estudios epidemiológicos y de detección de necesidades de salud, diagnóstico y tratamiento de enfermedades respiratorias ocupacionales y valoración de capacidad funcional, entre otras labores.

 

La nueva ubicación del INS en el Hospital Universitario Central de Asturias permite un mejor control de las enfermedades respiratorias de origen ocupacional que se diagnostican y tratan en Asturias y favorece su papel docente e investigador.

 

El centro es ya un referente nacional y está llamado a ser un referente internacional en el estudio y tratamiento de las enfermedades neumológicas de origen ocupacional y medioambiental. Además, sirve de apoyo y presta asesoramiento en la prevención de la silicosis y de otras enfermedades respiratorias de origen laboral en las que tiene gran experiencia.

 

Control de la exposición al amianto

También en el ámbito de la salud laboral, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a un convenio entre el Principado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social para promover actividades de seguimiento y valoración de personas con sospecha de haber desarrollado patologías relacionadas con la exposición a fibras de amianto durante su actividad laboral. Cada una de las entidades firmantes asumirá los gastos propios que se deriven, por ejemplo, de evaluar el menoscabo funcional o contingencia profesional que presenten los afectados.

 

El Principado ha creado un registro de trabajadores con antecedentes de exposición a amianto como parte del programa para la vigilancia de la salud laboral.

 

Con este acuerdo, ambas partes se comprometen, además, a constituir un grupo de trabajo, integrado paritariamente por expertos procedentes de la Dirección General de Salud Pública y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, para coordinar el seguimiento de los trabajadores expuestos a amianto en Asturias. El grupo intercambiará información que permita mantener las bases de datos, revisar la tipología de pruebas diagnósticas necesarias y los informes de especialistas.

 

16.669 euros para el mantenimiento de la Oficina Joven de Oviedo

El Consejo de Gobierno también ha dado luz  verde a la suscripción de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Oviedo para la prestación de servicios de promoción y participación juvenil. El Principado aportará 16.669 euros para el mantenimiento de la Oficina Joven, que se coordina desde el Centro Regional de Información y Documentación Juvenil del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud.

 

Esta decisión supone recuperar la colaboración que mantienen el Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Oviedo en este ámbito desde 2012 y que se interrumpió el año pasado porque el gobierno de la capital asturiana rehusó firmar el convenio correspondiente.

 

Nombramiento de notarias para Castrillón y Pola de Lena

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Presidencia, también ha acordado hoy nombrar notarias de los concejos de Castrillón y Lena a María del Carmen Alonso Bueyes y María del Carmen Luisa Fernández González, respectivamente.

 

Con esta prórroga, el Ejecutivo autonómico mantiene un adecuado servicio de alojamiento para personas mayores.

 

Vivienda de promoción pública en Sobrescobio

El Consejo de Gobierno ha aprobado la lista de adjudicación, en reserva y exclusión, de una vivienda de promoción pública de alquiler en Sobrescobio. El piso, ubicado en Rioseco, tiene una superficie útil de 69,27 metros cuadrados, dos dormitorios, trastero y garaje. El Principado ha invertido 1.774 euros en su recuperación.

 

La rehabilitación de esta vivienda forma parte del plan impulsado por el Gobierno de Asturias para ofrecer a las familias viviendas adaptadas a su capacidad económica.

 

El Principado ha invertido en esta legislatura más de 3,2 millones en la rehabilitación de más de 900 inmuebles en casi todo el territorio, con una política que favorece el arraigo de la población y contribuye a generar empleo. En total, durante el último trienio se han entregado más de 1.100 viviendas

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