Un 80 por ciento de los asturianos considera un fracaso la nueva regulación de las rebajas aprobada por decreto ley del Gobierno en 2012 al considerar que dicha normativa no favorece a los consumidores.
Así lo ha indicado este viernes el presidente de UCE-Asturias, Dacio Alonso, en referencia a una encuesta realizada por el colectivo tres años después de la entrada en vigor de la nueva normativa. En dicha encuesta el 90% de los asturianos considera que la anterior normativa era más beneficiosa para los consumidores y un 75% ve innecesaria la ampliación de horarios comerciales en la región.
"Tres años después vemos que esta desregulación de las rebajas ha sido un auténtico y absoluto fracaso cuyo único objetivo e interés era el favorecer claramente a las grandes superficies y los centros comerciales", ha dicho Dacio Alonso, que ha indicado que con la nueva normativa las rebajas se han convertido en "un saldo permanente".
Y es que a juicio de la UCE el consumidor ha perdido toda confianza en las rebajas, ya que "no hay control ninguno" y ahora se fabrican productos ex profeso para vender en rebajas durante todo el año. "Las rebajas tienen sentido pero si se regularizan", ha insistido Alonso.
Alonso ha destacado que el sistema anterior a 2012 estaba funcionando bien por lo que el cambio de normativa no tiene ningún sentido que no sea favorecer a grandes superficies. En este sentido ha reprochado a las asociaciones de comerciantes que "en cierta medida hayan sido cómplices con el Gobierno central al no haber levantado la voz contra la medida".
También ha reprochado al Gobierno del Principado que se hayan escudado en la presentación de un recurso ante los tribunales como única acción a tomar ante la decisión del Ejecutivo central.
Por ello ha indicado que desde la UCE exigirá al próximo gobierno del Principado que actúe para recuperar la situación anterior ya que tiene competencia en materia de consumo. Además propiciará la creación de una alianza con el pequeño y mediano comercio para tratar de recuperar juntas la anterior normativa y seguirá exigiendo al Ejecutivo central que se garantice la libre competencia.