La secretaria de Estado para la Función Pública, Consuelo Rumí, ha exigido hoy en Santander al presidente de la CEOE, Juan Rosell, “más responsabilidad y menos demagogia” al hablar de empleados públicos a los que, en su opinión, “ataca de forma continuada”.

“Que aporte respuestas y soluciones al ámbito que le corresponde”, apostilló Rumí, quien mostró su “preocupación” por el hecho de que “detrás” de sus palabras no exista una propuesta de “reorganización” de las administraciones y los empleados públicos, sino “recortes a diestro y siniestro” y, “fundamentalmente”, un “desmantelamiento” del Estado del bienestar.

La secretaria de Estado hizo estas declaraciones en un encuentro con los medios posterior a la inauguración del Encuentro ‘La reforma de las Administraciones Públicas en el siglo XXI’ que ella misma dirige en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), donde aseguró que a pesar de “las tormentas financieras y las mareas neoliberales” se conseguirá llegar al “puerto de destino”, que es “la Administración del siglo XXI al servicio de un Estado del bienestar pleno y fuerte”.

Rumí insistió en que es “necesaria” una reforma “en profundidad” de la Administración que, a su juicio, debe llevarse a cabo a través de la “reorganización” y no “amputando servicios públicos” como, según dijo, está practicando “ya” la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.

“Solo hay que ver la gestión de los hospitales en Madrid y, en los últimos días, cómo ha optado claramente por reducir la plantilla de los maestros, de los profesores de Secundaria y no en otros ámbitos donde no sería tan importante”, lamentó la secretaria de Estado.

Rumí también criticó los recortes que está aplicando la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que a pesar de que “no se sabe aún cuáles van a ser, parecen ir en la misma línea”. Así, indicó que el Gobierno no está de acuerdo con esas medidas porque, a su juicio, “hay que ajustar el déficit y ahorrar” pero, aclaró, “sin tocar ni la Educación ni la Sanidad”.

Respecto a la reforma de la Constitución que pronto aprobará el Parlamento y que recogerá la obligación del equilibrio presupuestario, Rumí dijo que “determina que ni el Estado ni las Comunidades Autónomas podrán incurrir en un déficit ni en una deuda pública superior a las que establezca la Unión Europea”.

En esta línea, añadió que una reforma de esta envergadura supone “la institucionalización de la austeridad como principio ineludible” en la gestión de las Administraciones en los ámbitos de gobierno a nivel estatal o autonómico, “sea cual sea su color político”.