El secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, ha denunciado en la Audiencia Nacional que, al impulsar las obras de ampliación en el puerto de El Musel (Gijón), el Gobierno del Principado, del PSOE, "tiró al mar el dinero que tenía que haber servido para la creación de puestos de trabajo" en la comunidad.

   El representante de Podemos, que forma parte del Observatorio Ciudadano Anticorrupción de Asturias (OCAN) que ejerce la acusación popular en la investigación judicial abierta en este tribunal, ha vaticinado que "hay políticos que van a empezar esta campaña electoral como candidatos y la van a terminar como imputados".

   "Las obras costaron 500 millones de euros y tuvieron 200 millones de sobrecoste", ha señalado Ripa antes de calificar como "demoledor" el informe de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) que ponía de relieve que en los trabajos se produjeron unos gastos extra en la compra de materiales que podrían motivar la devolución de 247,5 millones de fondos europeos.

CONSEJEROS Y CANDIDATOS DEL PSOE

   Tras apuntar que su formación se va a convertir en "azote de la corrupción no sólo en las instituciones sino también a nivel judicial", el líder de Podemos en Asturias ha recordado que en el consejo de administración del puerto de El Musel "había consejeros socialistas del anterior gobierno" de Vicente Álvarez Areces y del "actual" de Javier Fernández, así como candidatos a la alcaldía del PSOE, presidentes de la patronal y secretarios generales de sindicatos.

   "Se ha acabado la impunidad, es el momento de un cambio político y judicial", ha indicado Ripa para defender a continuación la necesidad de adoptar "un compromiso firme por la transparencia, por otro modelo de gestión y por la auditoría de las obras públicas". "Hay que acabar con la impunidad y con la 'omertá' y perseguir a la gente que nos ha llevado donde estamos", ha dicho.

   En este contexto, ha apuntado que el Observatorio pedirá la imputación de los responsables de los sobrecostes y contará con "un  equipo legal que estará trabajando día y noche para que la ciudadanía sepa, con luz y taquígrafos, cómo se ha robado en el puerto de El Musel".

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESPONSABLES

   El magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, nombrado juez de enlace en Francia, admitió a trámite el pasado 8 de agosto una denuncia formulada por la Fiscalía Anticorrupción a fin de investigar "las actuaciones de representantes y administradores" de la unión temporal de empresas (UTE) Dique Torres, que llevó a cabo el proyecto entre los años 2005 y 2011, y de los integrantes de la Autoridad Portuaria de Gijón, gestora de las instalaciones.

   Según Anticorrupción, los hechos investigados podrían ser constitutivos de un total de seis delitos: fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, estafa agravada, falsedad en documento oficial y mercantil, fraude a la Hacienda Pública y prevaricación.

   La Fiscalía justificó la competencia de la Audiencia Nacional para investigar estos hechos, al considerar que podrían tener "una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y un grave perjuicio patrimonial en la economía nacional".

"GRAVES IRREGULARIDADES Y FRAUDE"

   La denuncia se judicializó después de que la OLAF remitiera en marzo de 2014 un informe en el que denunciaba "graves irregularidades e incluso fraude" en este proyecto, así como "deficiencias en los sistemas de gestión y de control por parte del beneficiario, la Autoridad del Puerto de Gijón".

   La Comisión Europea financió el proyecto con 198 millones de euros procedentes de los fondos de cohesión, a los que se suman otros 49,5 que se encuentran pendientes de cobro.

   El juez Gómez Bermúdez pidió a la Autoridad Portuaria de Gijón la remisión del expediente administrativo de contratación de las obras y la identidad de los miembros de este organismo y del ente público Puertos del Estado en las fechas en las que se produjeron los hechos. Asimismo, reclamó documentación sobre las relaciones que este organismo mantuvo con las empresas Hidrocantábrico y Tudela Veguín.

PETICIÓN A LAS EMPRESAS

   La UTE que llevó a cabo este proyecto estaba formada por las empresas constructoras Dragados, FCC, SATO, FPS y Alvargonzález Contratas. A estas compañías el juez reclamó los registros contables y la documentación referente a este contrato, así como los documentos que justifiquen su relación con Hidrocantábrico respecto de la cantera de Aboño y los correspondientes a las operaciones con Tudela Veguín en relación con las canteras Peña María y La Hoya-Perecil.

   El entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 también se dirigió a la Intervención General del Estado para que le remita los informes y resoluciones dictadas por la Comisión Europea en relación con este proyecto y designe a unos peritos que analicen el expediente administrativo de contratación.