El exviceconsejero de Bienestar Social del Gobierno asturiano y exportavoz de IU en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Ángel González, ha mostrado este jueves su malestar en relación a la sentencia del Tribunal Supremo que confirma su condena a siete años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación relacionado con la contratación de unos monolitos de la memoria histórica.

  "Soy un perseguido político en una aparente democracia", ha afirmado en una rueda de prensa que ha ofrecido en Oviedo acompañado de su abogada Ana Boto, quien ha confirmado que está estudiando la sentencia para recurrir al Tribunal Constitucional y, si es necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

   Ángel González sigue defendiendo su inocencia y ha afirmado que la sentencia del Tribunal Supremo es "injusta" y se basa en una "falsedad absoluta". El exviceconsejero del Gobierno asturiano, que sigue siendo miembro de los órganos de dirección de IU, ha vuelto a defender que los contratos fueron de obra y no de suministro. Así, ha vuelto a insistir en que no se fraccionó nada y que no hubo intención de saltarse la ley.

   "Ya me lo veía venir", ha señalado en relación al sentido del fallo de la sentencia, y ha afirmado que sus autores, los miembros del Tribunal Supremo, se han saltado su propia jurisprudencia.

   El motivo, ha insistido, es que esta es una sentencia "política" y existen determinados intereses en condenarle por este asunto. "La sombra de Franco es alargada", ha llegado a decir, antes de preguntarse "¿Qué pasa que todo lo que se refiere a la memoria histórica saca ampollas en el poder judicial?" ha dicho en la citada rueda de prensa Ángel González".

   En la rueda de prensa, el exportavoz parlamentario ha dicho además que la fecha en la que se ha hecho pública la sentencia no es casual y que coincide con la campaña electoral. También ha recordado que la primera sentencia en su contra, la del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) se conoció coincidiendo con las elecciones europeas de 2014.

   Sin embargo, preguntado sobre los detalles y las personas de esos intereses en su contra, Ángel González no ha querido concretar más. Ha dicho que él va a seguir "haciendo política" y se ha referido a la actual campaña electoral asturiana diciendo que parece que hay una especie de "amnesia" en la que "nadie habla del Niemeyer o del caso Marea", dos asuntos de presunta corrupción que siguen en los tribunales. "Cuanto antes se acabe este régimen bipartidista, mejor", ha sentenciado.

   Según Ángel González, en la Administración sí que hay contratos que son fraccionados pero que "se quedan en un cajón". El motivo es que los distintos departamentos pueden contestar en tiempo y forma a la Sindicatura de Cuentas, que es la que los detecta. "El problema es que a nosotros nadie nos avisó", ha señalado.

   Su caso, ha añadido, está teniendo consecuencias en la administración asturiana. Ha afirmado que la propia consejera de Hacienda y Sector Público del Ejecutivo asturiano, la socialista Dolores Carcedo, le ha reconocido que los funcionarios hoy no se atreven a firmar casi ningún papel por lo que pueda pasar.

   Su abogada Ana Boto ha estimado que, en caso de que el asunto llegue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la decisión final podría conocerse en los años 2020 o 2021. Por último, Ángel González ha querido agradecer las muestras de apoyo que ha estado recibiendo todo este tiempo. "Afortunadamente, cantidad de gente de mi organización y de fuera saben leer y escuchar", ha apuntado.