La consejera de Fomento lamenta las alegaciones del  Ministerio de Fomento en las que el Estado se desentiende de cualquier compromiso viario con Asturias

• Acordada la aprobación inicial de la Estrategia Integrada para la Gestión Portuario-Litoral

Asturias.-El pleno de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado de Asturias (CUOTA), reunido esta tarde en Oviedo, presidido por la consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén  Fernández, ha acordado informar favorablemente el Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad de Asturias (Pima).

De esta forma, a falta del visto bueno del Consejo de Gobierno, se da luz verde al documento con el que el Gobierno del Principado planifica el desarrollo de las principales comunicaciones en la comunidad autónoma hasta el año 2030.

El texto del Plan Director de Infraestructuras para la Movilidad  de Asturias 2015-2030  fue sometido a información pública el  pasado 26 de febrero por un plazo de 45 días. Tras ese periodo, en el que se envió la documentación a 156 entidades e instituciones, incluidos los 78 ayuntamientos asturianos,  se recibió respuesta de 15 organismos públicos y de otras cinco asociaciones y particulares.

Tras el análisis de las propuestas, se han incorporado al documento las observaciones de la CHC sobre aspectos relacionados con las áreas de potencial riesgo de inundación así como la petición de la Dirección de Aviación Civil y AENA, de reflejar en el documento una zona de servicio aeroportuario. También se han tenido en cuenta los preceptivos informes de las Direcciones Generales de Recursos Naturales y Patrimonio Cultural. Otras aportaciones, que no cuestionaban el plan, no han podido ser tenidas en cuenta en esta fase puesto que plantean aspectos que deberán abordarse en fases posteriores de desarrollo del Pima. Es el caso de petición de concreciones sobre las diferentes infraestructuras contempladas: detalles técnicos, aspectos sobre trazados, etc.

Cabe destacar la alegación recibida desde el Ministerio de Fomento en la que se pone de manifiesto que el Estado se desentiende de las principales actuaciones que demanda Asturias, con el argumento de que no son de su competencia. Es el caso del túnel de El Fito, la vía entre La Espina y Ponferrada, la duplicación de la N-632 en Avilés o la construcción de un enlace en Robledo para conectar la “Y” y la AS-II. Asimismo  apela a la falta de disponibilidad presupuestaria para evitar comprometerse con otras muchas obras como son los accesos al puerto de El Musel, la ronda norte de Avilés, Salas-la Espina, y La Espina-Canero.

Todos los argumentos del Ministerio de Fomento han recibido respuesta exhaustiva en el informe de alegaciones elaborado por el Gobierno asturiano, justificando la competencia del Estado y su deber de abordar las actuaciones.

Respecto a este asunto, la consejera de Fomento ha lamentado la falta de compromiso del Estado, al que ha instado a una explícita rectificación. “No podemos más que pensar que con la autovía del cantábrico, Mariano Rajoy y el PP han finiquitado sus compromisos  con las carreteras de Asturias”.

El Pima cuenta también con el visto bueno de la Comisión para Asuntos Medioambientales del Principado de Asturias, que se ha encargado de aprobar la memoria ambiental en la que se recogen los aspectos de carácter ambiental que deben ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar el plan.

Pima 2015-2030

El Pima 2015-2030 analiza de manera integral la situación de las diferentes redes de infraestructuras y los servicios de transporte de la región y  propone una batería de actuaciones que debe desarrollarse en el periodo de tiempo del plan, con independencia de la Administración titular de cada infraestructura. 

A partir de ahí, lleva a cabo un análisis de la situación actual de todas las infraestructuras existentes, tanto estatales como autonómicas, y concluye con las posibles actuaciones. Éstas tienen carácter de recomendaciones en el caso de las infraestructuras del Estado, mientras que son de obligado cumplimiento para las de competencia autonómica, que se recogen en el Plan  de Actuación Territorial de carreteras (PAT 2015-2030).

Los compromisos del Principado se recogen en el Plan de Actuación Territorial 2015-2030, el nuevo programa autonómico de carreteras, en el que se prevén intervenciones en las 470 carreteras autonómicas y en más de 4.000 kilómetros, casi el cien por cien de la red regional, con una inversión global de 1.489,73 millones de euros. La planificación de gasto está basada en un sostenido aumento del presupuesto regional para infraestructuras conforme vaya avanzando la recuperación económica.

El plan contempla también una importante apuesta por la conservación del patrimonio viario con una dotación de 848,94 millones, el 57% del total,   para acometer mejoras de plataforma, renovaciones de pavimento, acciones de seguridad vial, reparación de muros o hundimientos. El resto de la inversión, 574,59 millones, se destina a actuaciones singulares ligadas a la cohesión social y la vertebración territorial.

Aprobación inicial de la Estrategia Portuario-litoral

Por otra parte, el pleno de la CUOTA ha acordado la aprobación inicial de la Estrategia Integrada de Gestión Portuario-Litoral del Principado de Asturias (EIGPLA).

El documento llega a la aprobación inicial tras haber sido sometido a la fase de coordinación interadministrativa por el plazo de un mes.  En este periodo se remitieron consultas a 53 organismos, incluidos los ayuntamientos afectados por la estrategia, y han respondido 20.   A partir de ahora el documento saldrá a información pública para recibir las aportaciones de instituciones, entidades, asociaciones y particulares.

La EIGPLA, que se tramita como Plan Territorial Especial, trasciende el enfoque territorial de la gestión del litoral que ya viene desarrollándose sobre la franja costera asturiana y plantea un enfoque integral en el que se tienen en cuentan aspectos como la diversificación económica en las actividades vinculadas al litoral, los efectos y adaptación de la costa asturiana al cambio climático, o la integración de la política portuaria autonómica.

El ámbito de aplicación de la estrategia es la franja litoral en sentido extenso, delimitada en el lado del mar por las aguas interiores del Principado y en el lado de la tierra por las parroquias incluidas total o parcialmente en el litoral. Esto se traduce en una superficie de 1.650 km2 (el 15,57% de la superficie de Asturias), en el que reside el  47,11% de la población. Por concejos, afecta a 25 ayuntamientos: los 21 de costa  y cuatro más. Se trata de los siguientes: Avilés, Cabranes, Caravia, Carreño, Castrillón, Castropol, Coaña, Colunga, Corvera, Cudillero, El Franco, Gijón, Gozón, Illas, Valdés, Llanes, Muros de Nalón, Navia, Pravia, Ribadedeva, Ribadesella, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Vegadeo y Villaviciosa.

La estrategia se compone de un diagnóstico en el que se analizan las características del territorio, la población, el modelo de asentamiento, el paisaje y el cambio climático, referido al territorio afectado y en relación con cinco sectores que se identifican  como principales para la zona: el sector primario marino, el industrial, el turístico, el de investigación e innovación y las infraestructuras portuarias.

También recoge un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de ese ámbito tras el que se definen unas estrategias estructuradas en cuatro programas, divididos a su vez en un total de  17 líneas de actuación que engloban 108 medidas.

Un capítulo esencial es el que afecta a los puertos autonómicos, a los que la estrategia dotará, por primera vez en Asturias, de una normativa de funcionamiento para el conjunto del sistema con el fin de aplicar criterios homogéneos. También por primera vez se ordenará desde el punto de vista urbanístico el conjunto de los espacios portuarios de cada instalación definiendo los posibles usos que pueden acoger. A esta ordenación deberán adaptarse los planeamientos municipales.

Asimismo, se contempla un plan de inversiones para los 24 puertos de titularidad autonómica, por importe de 137 millones. Las actuaciones identificadas se refieren tanto a actuaciones ordinarias de conservación y mantenimiento de lo existente (dragados, refuerzo de diques, pavimentaciones, pantalanes, etcétera) como a actuaciones de mayor envergadura para la ampliación y mejora de las instalaciones portuarias.