El Principado presenta alegaciones al anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario para defender el futuro del tren en Asturias 

• La consejera de Fomento traslada su preocupación a los sindicatos por el planteamiento economicista que defiende el Gobierno central

• Blindar las cercanías en Asturias y eliminar la propuesta para el canon por el uso de estaciones son algunas de las reivindicaciones regionales

La consejera de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, se ha reunido hoy en Oviedo con representantes de los comités de empresa de Renfe y Adif para informarles de las alegaciones que el Principado ha enviado al Ministerio de Fomento con motivo de la tramitación del anteproyecto de Ley del Sector Ferroviario. En el encuentro han participado también el director general de Transportes y Movilidad, José Manuel Caldevilla, y el director generar del Consorcio de Transportes de Asturias, Carlos González Lozano.

El objetivo de estas aportaciones, según ha explicado la consejera, es favorecer el futuro de los servicios de tren en el Principado y frenar el planteamiento economicista y nada social que defiende el Partido Popular y que podría convertirse en un camino sin retorno para el desmantelamiento del ferrocarril en Asturias.

Belén Fernández ha mostrado su preocupación por el texto presentado por el Gobierno de Mariano Rajoy que, a su juicio, “viene a dar una vuelta de tuerca más en favor de la liberalización del ferrocarril ya apuntada en la ley del 2003 y aprobada en solitario por el PP”.

Para la consejera, bajo la excusa de la incorporación al derecho interno de la directiva europea de espacio ferroviario único europeo, la nueva ley se centra exclusivamente en buscar la rentabilidad económica, dejando de lado el interés social. “En Asturias, muchos miles de viajeros dependen a diario del ferrocarril para desplazarse y el sector da empleo a más de 1.400 trabajadores”, ha explicado.

Asimismo, ha criticado que la rentabilidad se vincule en la ley a recortes en servicios ferroviarios en vez de apostar por el incremento de la demanda. “En el texto brillan por su ausencia las alusiones a objetivos de calidad, puntualidad, frecuencias, velocidad comercial o simplificación del régimen tarifario, básicos para la prestación de un buen servicio”, ha apuntado la titular de Fomento.

Fernández ha rechazado también el modo en que el Ministerio de Fomento está tramitando la ley. En su opinión, el proceso se está realizando “a hurtadillas y con premura”, sin el debate social e institucional que requiere un tema tan relevante. Así, ha recordado que no se ha convocado ninguna conferencia sectorial para debatir el tema con los consejeros responsables del transporte en las comunidades autónomas, y ha lamentado que tampoco se haya propiciado la participación en el ámbito sindical. 

 Principales reparos y peticiones sobre al anteproyecto

A.    Sobre la clausura de líneas o definición de red ferroviaria de interés general: lo que es o deja de serred ferroviaria de interés general, y la decisión acerca de la clausura de líneas, queda al albur de lo que decida el ministerio o del Consejo de Ministros de turno, con base en criterios de mercado y rentabilidad.  

Ni siquiera se garantiza un proceso de negociación previa con las comunidades o los ayuntamientos para facilitar un razonable traspaso. Para clausurar servicios basta con comunicárselo a la comunidad autónoma o que ésta informe, dando igual lo que diga, porque no es vinculante para el Estado.

B.     Defender la importancia social y territorial de los servicios de cercanías y reivindicar que se eleve a rango legal la declaración de obligación de servicio público (OSP) de las cercanías en Asturias.

Especialmente preocupante es la incertidumbre sobre el futuro de las cercanías, que en el Principado mueven más de 7 millones de viajeros, y que son vitales para la vertebración territorial, el progreso socioeconómico y el mantenimiento del empleo en el sector.  

En estos momentos, los servicios de cercanías de Asturias son considerados obligación de servicio público, lo que significa que deben prestarse en todo caso, con independencia de que tengan o no interés comercial para un operador ferroviario. No obstante, esa obligación vence en diciembre de este año y no se sabe qué va pasar a partir de esa fecha salvo que, llegado ese momento, si las comunidades o los ayuntamientos piden que esas líneas se declaren nuevamente de obligación de servicio público, el Estado, pese a tratarse de servicios de competencia estatal, puede exigir su financiación.

Desde el Principado se reivindica el blindaje de las cercanías con la declaración de OSP por ley. El Gobierno asturiano considera  que el PP tiene en este ámbito una buena oportunidad de demostrar su compromiso con las cercanías de ferrocarril. 

C.    Asturias alerta sobre la nueva regulación del canon por la utilización de estaciones, que obliga a abonar por el mero hecho del uso y no en proporción al número de viajeros, y pide su supresión.

Se pide que se mantenga como hasta ahora el canon por uso de instalaciones fijas (por viajeros que las utilizan), pues el cambio propuesto (por parar en la instalación) abocaría a que cualquier operador, por criterios de rentabilidad, dejase de parar en estaciones o apeaderos con bajo nivel de usuarios, lo que en la práctica acabaría con la supresión de muchos servicios. 

D.    Pasos a nivel: es un tema sobre el que la ley pasa de largo y supone un obstáculo para la seguridad y la explotación. El Principado reivindica el compromiso legal de elaborar un plan plurianual de inversiones para su supresión, a aprobar en un año desde la entrada en vigor de la ley. 

E.     Se solicita elevar a rango de ley, como mecanismo favorecedor de la intermodalidad, el objetivo de integración plena de títulos, mapa de zonas y tarifas, de transporte público, en aquellos lugares que, como Asturias, tienen ya un título que lo permite (billete único).

F.     Necesidad de una mayor apuesta por la logística y la intermodalidad en la ley. Este tema, tan potenciado a nivel europeo y estatal en tantos documentos, está casi ausente en este texto legal. 

G.    Derechos de los usuarios: el texto se caracteriza por su laconismo en cuanto a la previsión dederechos de los usuarios y se limita a un contrato basado en el predominio del interés empresarial. También destaca la ausencia de previsiones para garantizar la accesibilidad universal.