Así lo ha dicho durante su atención a medios con motivo de la reunión de la Mesa Ciudadana contra la Pobreza y la Exclusión Social que se celebra esta mañana en Oviedo.

   Graciela Blanco ha explicado que hasta la semana pasada hay 15.838 beneficiarios, casi el doble que en 2012 cuanto había registrados 8.365 perceptores. En la misma línea, ha recordado que el presupuesto anual para esta prestación ha pasado de 45 a 83 millones de euros, con un gasto medio de 8,2 millones mensuales.

   La consejera ha resaltado que el número de beneficiaros ha ido creciendo desde la entrada en vigor del Salario Social, con una media de 500 solicitudes mensuales. En lo que va de año se han computado 1.839 altas y 524 bajas, de quienes han debajo de percibirlo porque encontraron empleo o cambiaron sus circunstancias.

   Blanco, que ha incidido en que las bajas pueden ser definitivas o temporales si vuelve a solicitarse la percepción y se cumplen los requisitos y que están aumentando el número de beneficiaros que complementan el Salario Social con otras prestaciones no contributivas.

   La titular asturiana de Bienestar Social también ha comentado que a 24 de abril la lista de expedientes pendientes de tramitación era de 1.227 y que ya se están empezando a tramitar las solicitudes de febrero, cumpliendo con el plazo máximo de tres meses de lista de espera.

   Junto al Salario Social, otro de los asuntos abordados en la Mesa Ciudadana contra la Pobreza y la Exclusión Social ha sido la gestión de la Dependencia, que cuenta con unos plazos máximos de 6 o 7 meses y un total de 15.185 beneficiarios, la mayoría mayores de 85 años, una cifra algo superior a la de 2012 cuando había 14.656 perceptores de servicios o prestación económica.

   Según ha destacado la consejera, también han sido analizados en la reunión más asuntos, como la modificación de la Ley de Servicios Sociales, el segundo plan de inclusión social o el primer plan de atención a personas con discapacidad, así como el programa de ayudas contra la pobreza infantil que cuenta este año con una inversión de 2,1 millones de euros, de los que el Gobierno central aporta 1.080.000 euros y el Principado 1,1 millones, con el objetivo de atender a más de 3.000 familias.