Los trabajadores de la empresa Santa Bárbara han anunciado que presentarán recurso de casación ante la nueva sentencia dictada por la Audiencia Nacional sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) en Santa Bárbara, donde confirma lo expresado en su primera resolución y le vuelve a dar la razón a la empresa sobre el ERE, una resolución que supone "un nuevo jarro de agua fría" para el colectivo de empleados.

   Fuentes sindicales han indicado a Europa Press que dicha sentencia "es negativa para los trabajadores y nos ha caído como un jarro de agua fría", toda vez que "nuevamente avala los planteamientos de la empresa, que no compartimos". Por ello, han anunciado que presentarán un nuevo recurso de casación ante el Tribunal Supremo "y volveremos a luchar en contra de los planteamientos de la empresa".

   Para estos trabajadores, se origina una situación "bastante fastidiada", ya que "había una esperanza por parte de los trabajadores despedidos en este ERE y nos vemos con las manos atadas". Ha recordado que a este colectivo "se le acaba el subsidio en mayo, por lo que se abre una situación complicada para estos trabajadores". Han reconocido que esperaban que la Audiencia "retomara y tuviera en consideración nuestras reivindicaciones".

   Las fuentes han precisado que el próximo 23 de abril hay una manifestación en Trubia, una acción reivindicativa de apoyo a los trabajadores y lamentan que con esta sentencia de la Audiencia Nacional "se pone en entredicho el movimiento sindical a favor de los despedidos del ERE". 

   Según la sentencia, consultada por Europa Press, la Sala de lo social del Tribunal Supremo dictó sentencia donde señalaba que la Audiencia Nacional debía dictar una nueva resolución sobre el expediente de regulación de empleo (ERE) en Santa Bárbara, teniendo en cuenta "las alegaciones y pruebas ya articuladas y practicadas por CCOO y UGT" durante el juicio.

   La Sala de lo Social del Tribunal Supremo anuló en enero la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el conflicto laboral en Santa Bárbara, en la que se daba la razón a la empresa en el ERE, y ordenó dictar una nueva sentencia "teniendo en cuenta "las alegaciones y pruebas ya articuladas y practicadas por CCOO y UGT" durante el juicio pero que no fueron consideradas al ser excluidos del proceso.

   Por ello, la Audiencia Nacional ha vuelto a analizar la cuestión y ha vuelto a dictar sentencia, aunque no ha hecho falta celebrar un nuevo juicio. Contra esta sentencia cabe de nuevo recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

   Santa Bárbara Sistemas inició en febrero de 2013 un procedimiento de despido colectivo en sus centros de trabajo de Coruña, Granada, Trubia (Oviedo), Sevilla y Madrid, celebrando período de consultas con el Comité de Empresa intercentros sin que se llegara a un acuerdo. Al final de ese periodo --recuerda el Supremo-- la empresa comunicó que iba a proceder a 600 extinciones en sus distintos centros, que según hechos probados se tradujo finalmente en 593 despidos, de los cuales 459 de adscripción voluntaria.

   El dirigente sindical ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa, en la sede de Izquierda Unida en Oviedo, después de una reunión donde ha abordado la situación del sector con dirigentes del partido de izquierda.

   El coordinador general de IU Asturias, Manuel González Orviz, ha manifestado que "una parte importante" del programa de su partido para las elecciones autonómicas en materia industrial ha sido realizado en colaboración con el sindicato. Orviz ha destacado la importancia de un sector que emplea de manera directa a 35.000 trabajadores en Asturias, un 10% de la población activa de la región.

   En ese sentido, el coordinador del área de Industria de IU, Maximino García, ha señalado que su partido comparte la "preocupación" del sindicato por el coste energético en el sector. García mostrado el compromiso a medio plazo de su formación con las propuestas que el sindicato presentó el pasado viernes en un informe sobre la energía eléctrica y el sector de la industria pesada.

   El dirigente de IU ha compartido las propuestas de CCOO de establecer una regulación que permita el establecimiento de contratos bilaterales entre suministradores y consumidores, como ya ocurre en el resto de Europa. Otro compromiso, ha sido el de contemplar medidas específicas en el coste de los peajes eléctricos a la Red que favorezcan a la pequeña y mediana empresa reducir costes, medidas que en el País Vasco han supuesto un ahorro de 30 millones de euros anuales para las Pymes, según la estimación de la patronal.

   A largo plazo, Maximino García ha asegurado que IU luchará por conseguir la "vuelta" del sector energético a la tutela del estado.

   Por su lado, Damián Manzano, ha pedido que los partidos políticos deben pasar de "las palabras a los hechos" en la defensa de un sector fundamental en la región. "El futuro de Asturias o pasa por la industria o no pasa", ha añadido. Manzano ha defendido una "diferenciación" del sector en Asturias respecto al consumo de energía eléctrica que tenga en cuenta sus particularidades y necesidades para convertirlas en "potencialidades", tal y como sucede con otros como la agricultura o el turismo que tiene planes de actuación específicos por parte de las administraciones.