Según ha recordado Martínez en rueda de prensa el pasado mes de febrero el Juzgado Central de lo contencioso administrativo ordenó al Gobierno de España que procediese a cumplir la primera sentencia dictada por este tribunal para abonar los 213 millones de euros que adeuda a Asturias por las obras financiadas por los fondos mineros en 2011. Pese a los requerimientos judiciales, el Ministerio de Industria, a través del Instituto del Carbón, se ha negado reiteradamente a cumplir la sentencia, que fue ratificada en su integridad por la Audiencia Nacional.

   "No sólo se ha desoído a los tribunales, el Ejecutivo central ha ido más allá al reclamar a Asturias la devolución de dinero invertido y al rechazar el pago de obras ya concluidas", ha indicado Martínez, qie ha asegurado que ante esta situación, el Principado se ha visto en la obligación de iniciar ante el mismo juzgado una nueva actuación legal para que se cumpla la sentencia.

   En la reclamación presentada por el Gobierno asturiano se plantean cuatro cuestiones. La primera que el Gobierno central informe al juez sobre la identidad de todos los cargos y autoridades responsables de hacer cumplir la sentencia firme sobre los fondos mineros de 2011.

   Además se pide convocar de forma inmediata una reunión de la Comisión de Cooperación entre el Instituto del Carbón y el Gobierno de Asturias, en la que se aborden las incidencias que se hayan producido en la ejecución de los convenios de los fondos mineros de 2011, con identificación de los posibles incumplimientos para poder establecer el pago de las cantidades adeudadas.

   El tercer punto es la exigencia judicial al Instituto de Carbón y al Gobierno de Rajoy para que de forma inmediata cesen en la toma de decisiones contrarias a la sentencia que reconoce a Asturias la reclamación de los fondos mineros de 2011.

   Por último se solicita al juzgado que acuerde la nulidad de todos y cada uno de los acuerdos del presidente del Instituto del Carbón sobre los procedimientos planteados de forma unilateral que exigen la devolución de cantidades abonadas y la pérdida de derechos de cobro de proyectos de los fondos mineros ya ejecutados. Se trata de 43 acuerdos de pérdida de derecho a cobro, 12 de reintegro parcial y 8 propuestas de acuerdo de pérdida de derecho al cobro.